La reforma a la Ley de la Industria eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con carácter de preferente al legislativo, fue aprobada por el Senado de la República en fast-track.
Fue apenas el pasado 1 de febrero cuando el presidente López Obrador presentó la iniciativa a la Cámara de Diputados, instancia que tendría un mes para discutirla y aprobarla.
Esta reforma fue aprobada finalmente en la Cámara de Diputados el 23 de febrero con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, con lo que fue remitida al Senado, instancia que la recibió un día después.
Ahora, con 68 votos a favor y 58 en contra la reforma fue aprobada en lo general a menos de 24 horas de haber sido discutida en comisiones.
Previo a su discusión, la fracción del PAN en el Senado acusó a Morena y sus aliados de saltarse los procedimientos y convocar a sesión para aprobar lo que denominaron la “contrarreforma de la Ley de la Industria Eléctrica”.
Durante la fase de posicionamientos, panistas aseguraron que con esta reforma la energía en el país será más cara y más sucia, y reprocharon que Morena negara llevar el tema a un parlamento abierto.
Mientras tanto, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu criticó el dictamen al considerarlo “ilógico”, pues viola los derechos de las mexicanas y los mexicanos a la salud y a un medio ambiente sano.
La senadora acusó a Morena de tener una “obediencia ciega” respecto al presidente, anteponiéndolo a los intereses del país.
Ricardo Monreal, de Morena, indicó que esta ley prioriza el interés nacional de brindar un servicio público de transmisión y distribución de energía, basándose en la facultad de rectoría del Estado.
Aseguró que es infundado el que se crea que con esta reforma se acabará con la producción de energía limpia.
Indicó que caso contrario, se promueve este tipo de energía a través de las hidroeléctricas, de las que CFE tiene 10, así como de plantas eólicas y solares. Sin embargo, sólo se regula un orden para su despacho.
La iniciativa del presidente López Obrador propone cambios en el mecanismo de despacho de las centrales hidroeléctricas, colocando en primer lugar a la producida por la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo con el proyecto de iniciativa, el objetivo es garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que sólo presentaron modificaciones según la inflación.
También busca eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos. CJG
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