El pleno del Senado aprobó en lo general la Ley General de Comunicación Social, que reglamentará el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En el marco de un ríspido debate y larga sesión fue aprobado con 60 votos en favor, 46 en contra y una abstención este nuevo marco legal que regula la propaganda gubernamental y otorga a la Secretaría de Gobernación la administración de los tiempos de Estado y fiscales. Con esta ley el Senado atendió el mandato la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reglamentar el Artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad de gobierno, cuyo plaza fatal para su aprobación era el 30 de abril. De acuerdo al dictamen de la nueva ley se incluye que los entes públicos federales podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación. La información de este padrón será pública y accesible a distancia. La Auditoría Superior de la Federación se encargará de la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social. La Secretaría de Gobernación deberá crear el Padrón Nacional de Medios de Comunicación y emitir los lineamientos. El presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos Lanz, defendió la nueva ley y dijo que garantiza “el manejo transparente de los recursos públicos. Establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social en todos los poderes de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos bajo estricto apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez”. Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD, en tribuna expuso que su bancada presentó una iniciativa que incluía las mejores prácticas a nivel internacional para regular la propaganda gubernamental. No obstante, la propuesta no fue tomada en cuenta y agregó que la nueva ley aprobada “es incorrecta pues plantea que se regulará la comunicación social y en realidad está diseñada para normar la propaganda gubernamental”. La senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI, dijo que esta nueva ley es positiva porque no se podrá realizar publicidad gubernamental en tiempos de campañas electorales. Ernesto Ruffo Appel, senador del PAN, opinó que este marco legal en materia de comunicación social es anticonstitucional, ya que vulnera los derechos de las audiencias y conculca diversas disposiciones en materia de derechos humanos. DA