Videoescándalos: 20 años de exhibir la política y justicia a la mexicana

Desde los fajos de dólares
entregados con ligas a René Bejarano en 2004, pasando por portafolios, maletas y bolsas de plástico llenos de billetes, hasta las “aportaciones” de dudosa procedencia entregadas en sobres amarillos, han transcurrido 20 años de videoescándalos de políticos de al menos tres partidos (PRD, Morena y PAN).

Especialistas consideran que más allá del escarnio público para los protagonistas, representan una prueba de que prevalece la impunidad sistémica en México.

A lo largo de 20 años hemos visto a personajes como René Bejarano, entonces secretario particular de Andrés Manuel López Obrador en la Jefatura de Gobierno; Carlos Imaz, exdelegado en Tlalpan y entonces esposo de Claudia Sheinbaum; Gustavo Ponce Meléndez, quien era secretario de Finanzas del gobierno capitalino de AMLO. Y más recientemente han aparecido dos hermanos del presidente López Obrador, recibiendo dinero en sobres, así como Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez Badillo.

Leonardo Núñez González, analista político, consideró que los videoescándalos tienen una utilidad en la discusión pública en la medida en que muestran de manera descarnada lo que es el ejercicio del poder o la forma en la que se construye la política.

José Manuel Urquijo, estratega en comunicación política y fundador de la 
firma Sentido Común Latinoamérica, 
señaló que a través de ellos se revela a los políticos en intimidad. ”Hacia el exterior buscan mostrarse como personas con una calidad moral superior a la que realmente son. El electorado tiene la capacidad de discernir y revisar ese doble discurso con el que tratan de presentarse ante la opinión pública, y simplemente los ’videoescándalos’ les tiran esa máscara”, comentó.

A pesar de mostrar posibles hechos delictivos, la mayoría de las ocasiones tienen poca incidencia en el sistema de justicia. Quienes han enfrentado procesos penales son René Bejarano (ocho meses en prisión), Gustavo Ponce (dos años y medio de prisión), Carlos Imaz (pagó fianza para librar cárcel) y Rafael Caraveo (quien se convirtió en testigo colaborador del caso Odebrecht y eso le evitó pisar la cárcel). Mientras que Pío López Obrador demandó a Carlos Loret de Mola y exigió un pago de 200 millones de pesos por “daño moral”.

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), indicó que ”hay una suerte de asimetría, donde, por un lado conocemos posibles hechos delictivos y luego muy pocos de esos casos terminan judicializándose. (…) Muchas veces estos casos no terminan con sentencias condenatorias”.

Leonardo Núñez consideró que hay más videoescándalos exhibidos en los medios de comunicación y redes sociales, que procesos penales que concluyen exitosamente con condenas para los responsables. ”El video se convierte tal vez en la única evidencia porque el resto del sistema no opera como debe ser”, determinó.