Jonathan Nácar
Deficiencias en la profesionalización de las policías, violencia, fortalecimiento de los grupos criminales, corrupción y altos índices delictivos son algunos de los pendientes sin resolver del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De los siete compromisos en materia de seguridad que firmó, sólo uno ha sido cumplido en su totalidad y en el resto se reporta un avance parcial, pero difícilmente será cumplidos al finalizar el sexenio por la falta de tiempo y presupuesto.
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La instalación de la “Red de Mando y Videovigilancia Metropolitana” en 30 municipios del Valle de México, propuesta el 7 de junio de 2012, se materializó cuatro años después, el 3 de junio pasado, con la inauguración del Centro de Control, Coordinación, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C5) en Toluca, Estado de México.
En todo este tiempo, la violencia en la región no ha disminuido, por el contrario. Por ejemplo, el Estado de México encabezó las listas de incidencia delictiva en el país con el mayor número de muertes violentas con 185 víctimas, de los 2 mil 155 asesinatos registrados en septiembre pasado, el máximo histórico desde 2011.
La profesionalización de las policías de los tres niveles de gobierno ha sido otro de los puntos de quiebre de la actual administración. Aunque el 1 de abril, el entonces aspirante presidencial, se comprometió a desarrollar un “nuevo modelo de formación y profesionalización policial, con academias regionales para entrenar a los policías de todos los niveles de gobierno”, y aunque fue uno de los 10 primeros objetivos, el tema no ha sido resuelto.
Las escuelas ya existían, pero no se reforzaron en estos cuatro años y sólo cinco de los 32 estados han cubierto al 100% la evaluación de sus elementos, pero no hay información de avance sobre la profesionalización de las corporaciones.
De acuerdo con el Semáforo del Desarrollo Policial que elabora la asociación civil Causa en Común, durante 2015 el promedio nacional en materia de desarrollo policial y de profesionalización de carrera policial fue de 6.1 y 5.7 respectivamente.
›La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016, que elabora el INEGI, ubica a las corporaciones policiales como las que la ciudadanía considera menos confiables, en comparación con el Ejército y la Marina.
Esto refleja que, a cuatro años de haber firmado ese compromiso, actualmente no hay las condiciones para que los encargados de la seguridad púbica se profesionalicen y tengan certeza de una carrera al interior de cada institución.
Crecen robos, faltan centros
El Presidente se comprometió el 25 de junio de 2012 a que en Yucatán se construirían y equiparían una decena de Centros Integrales de Seguridad en las principales ciudades del estado, para combatir la delincuencia. Esto tampoco se ha cumplido.
En 2013, con una inversión por arriba de los 80 millones de pesos, se inauguró el primero de esos centros en el municipio de Valladolid. Para el año siguiente, en enero de 2014, se anunció la construcción del segundo centro en el municipio de Tekax, faltando los de Izamal, Tizimín y Maxcanú; sin embargo, a la fecha ninguno ha sido edificado. Según el proyecto de inversión del gobierno estatal para esos cuatro centros se tiene contemplada una derrama de más de 70 millones 269 mil pesos, sin que haya alguna fecha tentativa de cuándo se pondrían en funcionamiento.
Yucatán es donde el delito de robo a casa habitación superó la media nacional en septiembre de 2016, con un total de 5.93 averiguaciones previas abiertas por cada 100 mil habitantes, y donde la mayoría de los delitos, robo y daño en propiedad ajena principalmente, se concentran en Mérida y Oxkutzcab, donde no han sido abiertos los 10 centros planteados el 25 de junio de 2012.
Recuperar la paz
Peña Nieto se comprometió a devolver la tranquilidad en Veracruz, Guerrero y Nuevo León. Las estadísticas muestran que solamente en el último estado los delitos disminuyeron, en los otros dos, por el contrario, crecieron. La Policía Naval, dijo como candidato, permanecerá en Veracruz y luego en Guerrero, sostuvo que las fuerzas federales seguirían velando por los ciudadanos, en ambas entidades permanecerían “el tiempo necesario hasta tener condiciones de orden y paz”. El despliegue de efectivos continuó y hasta la fecha oficialmente se mantienen, pero la violencia también.
Por ejemplo, sólo de enero a octubre de este año, en esos tres estados se ha concentrado el 19.22% del total de víctima de homicidio doloso, secuestro y extorsión a nivel nacional. Al acumular 4 mil 673 víctimas de las 24 mil 302 que suman en ese período, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todo 2016, la incidencia de asesinatos se mantuvo al alza, y fue en el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Sinaloa donde se concentró la mayoría de estos crímenes.
