Impunidad fomenta la repetición de agresiones a periodistas: CNDH

De las cuatro recomendaciones generales que de 2004 a 2016 ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a agresiones contra periodistas en México, las respuestas en general por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de garantizar la libertad de expresión han sido tardías y en la mayoría de los casos con un sentido “rutinario y burocrático”, lo cual ha permeado negativamente en un contexto donde los ataques contra los comunicadores y defensores de derechos humanos va en aumento.

Resulta importante advertir que las respuestas a las cuatro Recomendaciones Generales por parte de las instituciones a las que fueron dirigidas hacen solamente señalamientos formales. Por ello, de esas respuestas no se puede asegurar que las recomendaciones hayan tenido efectos inmediatos, a la vez que prácticos en las políticas públicas capaces de mejorar la protección a los periodistas”, lamentó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

Al presentar el Estudio sobre el seguimiento de las recomendaciones generales de la CNDH respecto a las agresiones de periodistas en México, el Ombudsperson nacional destacó que en aras de garantizar la importancia del acceso a la verdad y a la justicia con garantías de no repetición de este tipo de agresiones, así como el lograr que sus recomendaciones tengan un mayor impacto, “vuelvo a la combinación a las autoridades que muestren en los hechos voluntad política para con la defensa de los periodistas”, reiteró.

Resulta importante ver este nivel de falta de compromiso y retraso en las autoridades, desde ahí la respuesta de hasta un mes y meses después (de las autoridades)…Fíjense qué paradoja, la contradicción mayor, que lo que vino a ser motivar la reunión de CONAGO y la Federación fue mayores agresiones y no la prevención, es decir, pareciera que la política pública es a mas agresión incipiente atención”, lamentó González Pérez.

Esto en referencia a la firma del convenio que el 2 de junio la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), entonces bajo la dirección del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, concretara con la finalidad de generar la implementación de políticas públicas referente a la protección y seguridad de los periodistas en el país, en cumplimiento a la Recomendación General 24, aprobada por el Consejo Consultivo de la CNDH el 11 de febrero de 2016. En ese sentido el titular de la CNDH, señaló que es la impunidad la que fomenta la repetición de las agresiones, ante la “casi nula posibilidad de que los agresores sean castigados, por lo que es necesarios que tanto la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, así como las procuradurías y fiscalías del país conozcan de estas agresiones a periodistas e impulsen una política pública para revertir este fenómeno.

Por eso la invitación a los gobiernos que se tomen en cuenta los escenarios de todos los niveles, que se mencionen con nombre y apellido las autoridades involucradas (…) Insistir en que los gobiernos estales tienen que tener enlaces con poder de decisión, que se cumpla lo que ofrecieron cumplir cuando fue la recomendación 24, porque las agresiones subsisten”.

Atentados contra la democracia

En su intervención, Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la UNAM,y uno de los realizadores del estudio acusó que los agravios contra la prensa implican “atentados en contra de la democracia”, al tratarse del principio rector de la investigación que fue presentada este martes. “La sociedad mexicana no se ha hecho cargo suficiente de las implicaciones de estas afrentas, los acosos a periodistas y las agresiones físicas que llegan a la desaparición y los asesinatos alcanzan una enorme gravedad porque se han vuelto frecuentes, se extienden a más zonas del país y porque habitualmente quedan impunes”, sostuvo Trejo Delarbre. Al dar cuenta de la síntesis general de los resultados del estudio, el investigador autodefinido como un “comentarista políticamente incorrecto” detalló que de las 208 respuestas recibidas por las autoridades del territorio nacional en 94 % se aceptó la recomendación, sin embargo, la mayoría de las respuestas consistieron en “acuses de recibo”. Para la realización del estudio, refirió, se contó con una extensa revisión hemerográfica de diarios de todo el país respecto a la documentación de las agresiones, se realizaron entrevistas profundas con una veintena de periodistas y/o defensores de derechos humanos con experiencia en el tema, y se realizaron media docena de ensayos preparados especialmente para la investigación por parte de periodistas, defensores de derechos humanos y académicos.

Un problema de Estado

Al hacer uso de la palabra, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, reconoció que si bien las recomendaciones dan un diagnóstico claro de la decadencia a la que se ha enfrentado el ejercicio de la libertad de expresión en México en los últimos 10 años, “faltan tener medidas individualizadas para reparación de daño a víctimas de derechos humanos y garantizar condiciones para la no repetición de las agresiones cometidas en contra de la prensa”. En ese sentido hizo énfasis en la falta de respuesta de las autoridades en un contexto donde “vemos que de 2009 a 2016 los patrones de violencia se han ido incrementando, que la violencia contra los periodistas es cada vez es más sínica, más desinhibida y más expansiva alrededor del país”, donde el 94% de las autoridades están informadas y conscientes de estas agresiones y no hacen nada para revertir esta situación, señaló con base en los resultados del estudio. “La realidad es que las agresiones contra los periodistas se van incrementando, el 99.6% de impunidad en las agresiones se refleja por la indolencia de un estado que no reconoce la violencia a la libertad de expresión como un problema de estado, porque significa un atentado directo a la democracia del país” advirtió Ruelas. En el evento también estuvieron presentes Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, y Laura Gurza Jaidar, directora general de planeación y análisis de la misma comisión nacional.

https://youtu.be/CmZqhSAEwZQ