Una vez más, la respuesta del gobierno federal a la violencia es enviar militares a las zonas por donde ya corrió la sangre. Ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió más de mil efectivos al municipio de Urique, Chihuahua, el mismo en el que el pasado lunes fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.
El despliegue de los elementos pertenecientes a las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos comenzó en la localidad de Cerocahui, justo donde se encuentra el templo jesuita en donde fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.
La Sedena explicó en un comunicado que buscan “inhibir las actividades de delincuencia organizada y atender la problemática de seguridad, y para conseguirlo los militares se ubicarán en los territorios dominados por José Noriel Portillo, “El Chueco”, principal sospechoso de los asesinatos de ambos religiosos.
Como suele suceder en otras regiones del país, en Tamaulipas, Michoacán y Chiapas, cuando la violencia en las calles evidencía las deficiencias de la estrategia federal de seguridad, los militares arriban para realizar tareas de “planeación” e “inteligencia”.
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En el caso de Chihuahua, se unirán a la Fuerza de Tarea Regional para las comunidades de Cerocahui, Bahuichivo, Mesa de Arturo, Ciénaga de los Trejos, Piedras Verdes y en la zona serrana del estado, explica el comunicado de la Sedena.
“El Chueco” lidera la célula criminal Gente Nueva, la cual opera para Los Salazar, quienes a su vez están al servicio del Cártel de Sinaloa y tienen el control de algunas zonas serranas de Chihuahua y Sonora, ahí donde la Sedena trasladó a centenares de militares.
Hasta el momento solo han sido detenidos César Iván “N”, primo de “El Chueco”, y Humberto “N”, por posesión de armas largas y narcóticos, en un operativo realizado por fuerzas federales y estatales para conseguir la captura de Noriel Portillo, quien ya cuenta con una alerta migratoria en caso de que intente salir del país. EJ
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