Pese a los elevados niveles de violencia que prevalecen en México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la dependencia del gobierno federal con los más elevados niveles de subejercicio del presupuesto.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, entre enero y noviembre de 2022, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez ejerció apenas 53 % del presupuesto aprobado por el Congreso para ese lapso.
Para los primeros 11 meses del año pasado, la Cámara de Diputados autorizó a la Secretaría de Seguridad un presupuesto de 83 mil 782.3 millones de pesos, de los cuales, hasta noviembre de 2022, se habían ejercido 43 mil 939.7 millones.
›Esto representa un subejercicio de 39 mil 842.7 millones de pesos, lo que equivale a 47.6 % del presupuesto para dicho periodo, fenómeno que no corresponde con la realidad delictiva y de inseguridad que vive el país.
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De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos 30 mil 535 personas habían sido asesinadas en el país en los primeros 11 meses de 2022.
Considerando la tendencia de 2 mil 500 muertes violentas al mes, en promedio, al cierre de diciembre podrían superarse, por segundo año consecutivo, los más de 33 mil asesinatos.
Asimismo, los delitos de lesiones, extorsiones, trata de personas, violencia familias, así como robos a transeúntes y a casa habitación son algunos de los ilícitos que se mantienen al alza.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, el subejercicio en la Secretaría de Seguridad puede obedecer a dos razones: uno, la Guardia Nacional no ha logrado ejercer el gasto debido a que no ha terminado de estructurarse y, dos, los estados tienen recursos sin utilizar porque sus proyectos de seguridad no coinciden con las directrices federales.
“La incapacidad de la Guardia Nacional para ejercer el presupuesto asignado por los legisladores es prueba de que el gobierno federal no tiene proyecto ni estrategia de seguridad”, dijo el activista.
Sobre la situación en los estados, Rivas estimó que los subejercicios se deben a que los municipios ya no tienen presupuesto federal para seguridad y los recursos son manejados por los gobiernos estatales, cuyas necesidades no siempre son diagnosticadas ni atendidas por las autoridades federales.
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