No es la primera vez, ni será la última. Los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces que han emitido resoluciones que no le han gustado, siguen en aumento, al asegurar que no resisten “cañozanos” de dinero y acusarlos despreciar al pueblo.
Hasta ahora, suman cinco juzgadores señalados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Los últimos dos, en la sección de “Cero Impunidad”, en la conferencia matutina de este jueves.
La juez Karla María Macías Lovera del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, fue expuesta por otorgar la suspensión provisional a la reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la juzgadora se excedió en sus atribuciones, pues esto sólo corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizarlo.
En el mismo informe se mencionó a Álvaro Niño Cruz, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, por liberar a cuatro presuntos delincuentes detenidos por la Secretaría de Marina (Semar), luego de calificar de ilegal su detención, presuntamente por estar fuera de la Zona Económica Exclusiva donde tienen facultades.
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Los cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos en posesión de 67 ladrillos y 24 bultos de cocaína. Pese a ello, el juez decretó la inmediata libertad de los detenidos en flagrancia con efectos de sobreseimiento y elevándolo a calidad de sentencia absolutoria, lo que no agradó al gobierno.
La primera vez que se lanzaron directamente contra un juez, fue contra Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, quien emitió sentencias absolutorias a 120 personas involucradas en la desaparición de los 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que se anunció acción penal en su contra.
Posteriormente, ante el freno al nuevo plan de estudios de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la administración lopezobradorista se lanzó en contra del juez Francisco Javier Rebolledo.
Pero los casos no han parado ahí. Pues luego de la masacre en Totolapan, Guerrero, donde 20 personas murieron en manos de grupos delincuenciales, señalaron a la juez Isis Peralta Salvador, a quien solicitaron órdenes de cateo previo al ataque, pero tardó en actuar, según las acusaciones de Ricardo Mejía.
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