Se saltan consulta para no perjudicar al gobierno
Las secretarías de Gobernación y del Trabajo pidieron a la Conamer excluir dos iniciativas de AMLO del análisis de impacto regulatorio para prevenir la especulación anticipada; la Comisión accedió, pese a la obligación de transparencia
Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas, el gobierno federal solicitó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que eximiera del Análisis de Impacto Regulatorio a dos iniciativas presidenciales. La intención era evitar que se dañara “la reputación del Estado mexicano ante la opinión pública y política”.
Según los documentos de la Conamer, entregados a la Cámara de Diputados y en posesión de ejecentral, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para la iniciativa presidencial sobre simplificación orgánica, que buscaba fusionar o extinguir 18 órganos desconcentrados y unidades administrativas.
Esta propuesta planteaba la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la transformación de órganos desconcentrados como la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en unidades administrativas. Aunque este proyecto ya había sido presentado en 2023, fue congelado en la Cámara de Diputados debido a la amplia crítica que generó.
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Por otro lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también solicitó la exención del AIR para una iniciativa presidencial que proponía que el salario mínimo nunca estuviera por debajo de la inflación, y que ciertos grupos profesionales como maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, fuerzas armadas y médicos recibieran salarios mensuales superiores al promedio registrado ante el IMSS.
El AIR es una herramienta de política pública que busca asegurar que la calidad de las regulaciones y sus beneficios sean superiores a los costos. Según la Ley General de Mejora Regulatoria, la Conamer debe hacer públicas las propuestas regulatorias desde el momento en que las recibe, es decir, estaba obligada a transparentar ambas iniciativas presidenciales en enero, antes de que las presentara López Obrador el 5 de febrero.
“Se considera que la divulgación de la presente iniciativa, así como de los detalles específicos que ésta contiene, podrían comprometer los objetivos de la misma, así como ocasionar implicaciones negativas en términos de seguridad jurídica y perjudicar la reputación del Estado mexicano ante la opinión pública y política, por lo que la confidencialidad de la misma, evitaría la especulación anticipada”, argumentó la Segob ante la Conamer al referirse a la iniciativa de simplificación orgánica.
“Se estima que de darse a conocer el contenido de los términos de la iniciativa pudiera comprometer los efectos que se pretenden lograr con la misma”, resaltó la STPS para que la reforma de salario mínimo se mantuviera en secreto hasta que la difundiera el Presidente.
La Comisión eximió ambas iniciativas del AIR, como lo solicitó el gobierno federal, argumentando que la ley permite la exención cuando no se crean obligaciones o sanciones para los particulares.
Los oficios de la Conamer, fechados el 30 de enero y el 2 de febrero de 2024, fueron firmados por el comisionado nacional Alberto Montoya Martín del Campo, quien había sido subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía durante el gobierno de López Obrador.
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