Luis León
Por lo menos dos secretarios de estado de Veracruz se niegan a informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la relación contractual que guardan sus dependencias con dos empresas fantasma, de la red de 18 firmas, que en el ejercicio fiscal 2014, saquearon las finanzas públicas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Son Gerardo Mancilla Arteaga, secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), y Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y las sanciones económicas por su negativa podrían puede ir desde la pírrica cantidad de 15 mil 430 pesos y hasta 46 mil 290 pesos, según el código fiscal de la federación.
Doce dependencias de Veracruz durante la gestión del hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte, estuvieron involucradas en el pago a 18 empresas fantasmas y a Gabriel García Esquivel durante el ejercicio fiscal del 2014, bajo el concepto de “promoción y publicidad del estado de Veracruz”, por un monto de 502 millones 571 mil 434 pesos solo en ese año.
La negativa por parte de funcionarios de la Coordinación General de Comunicación Social para entregar la información fiscal correspondiente a la contratación de las empresas Publicidad AKKIRA y MERCA CARREY, durante 2014, a las autoridades del SAT podría derivar en sanciones económicas para estos tan solo de 15 mil 430 pesos y hasta 46 mil 290 pesos, según el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la federación a pesar de que solo esas dos empresas durante el periodo antes mencionado facturaron a diversas entidades gubernamentales de Veracruz hasta 135 millones de pesos.
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Publicidad AKKIRA
Mediante el oficio 500-05-01-2016-40027 remitido por el SAT, con fecha del 1 de noviembre de 2016, dirigido al representante legal de la Coordinación General de Comunicación Social de Veracruz, Alejandro González Rodríguez, el cual deja asentado que se realizó una visita domiciliaria por funcionarios tributarios a la oficina de Comunicación Social para verificar y comprobar todas aquellas operaciones que en su carácter de tercero relacionado, haya realizado con la contribuyente Publicidad AKKIRA S.A de C.V., con registro federal de contribuyentes PAK121102DRA, durante el ejercicio fiscal de 2014.
En dicho acto, la visitadora del SAT solicitó al representante legal la exhibición de todos los documentos que integran la contabilidad; libros de sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales.
Además el control de inventarios y método de valuación, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, así como la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, y toda la documentación e información relacionada con las operaciones, que en su carácter de tercero relacionado, la dependencia haya llevado a cabo con la empresa Publicidad AKKIRA S.A. de C.V.
En el mismo oficio, queda asentado que la solicitud de información no fue atendida por González Rodríguez, por lo que la servidora pública representante del SAT, requirió al antes mencionado que describiera el tipo de operaciones que se habían celebrado con la empresa AKKIRA, así como la documentación que avale sus dichos, contratos, licitaciones, facturas, recibos, además de la documentación comprobatoria sobre el concepto de facturación.
También fue requerido por el SAT, si la Coordinación de Comunicación Social compró algún producto, bien o servicio de Publicidad AKKIRA y nunca recibió respuesta, aunque de acuerdo al Código Fiscal de la federación (artículo 53) tiene un periodo de seis días hábiles para cumplir con el encargo, por lo que ante el incumplimiento del requerimiento fiscal los funcionarios públicos veracruzanos, sujetos de la ley, podrían ser sancionados.
En otro oficio, ahora con número DJ/566/2016, con fecha del 19 de octubre de 2016, la licenciada Ericka Carrillo Alvarado, directora jurídica y apoderada general de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) se dirige a Humberto Benítez Pérez, jefe de la unidad administrativa y la coordinadora general de comunicación social del estado, Irma Chesty Viveros, en donde solicita la información sobre la empresa AKKIRA y todas las relaciones contractuales con esta, así como montos y saldos pendientes, del ejercicio fiscal 2014.
Al tiempo desmarca a la SEDECOP de la empresa AKKIRA, quien en mencionado oficio argumenta que esa dependencia “no ha tenido ni tiene relación contractual alguna ni de ninguna otra naturaleza con la misma”, aunque existen cuatro facturas emitidas por la empresa a favor de la SEDECOP por los conceptos de difusión de actividades.
Carrillo Alvarado argumentó que la SEDECOP está impedida legalmente a celebrar contratos de servicios de publicidad, información, difusión, comunicación social, por ser de la naturaleza de la coordinación de comunicación social del estado.
Por este caso fueron informados los secretarios Mancilla Arteaga y Gómez Pelegrín -miembros del gabinete Duarte-, a quienes se les gira copia en ambos oficios citados.
En respuesta, la Coordinación General de Comunicación Social, mediante la dirección jurídica, presidida por Pablo Alejandro González Rodríguez, responde a la SEDECOP que en el marco de las atribuciones de la Coordinadora de Comunicación Social se realizan actividades de difusión informativa y promocional de las actividades, obras y servicios de la administración pública estatal de manera centralizada para toda la administración pública centralizada, así desliga a la cartera de Desarrollo Económico de las contrataciones a AKKIRA.
“Por lo que la dependencia que representa legalmente, no es responsable de las contrataciones que se carguen a la partida de difusión institucional”, cita el funcionario veracruzano de Comunicación Social en el argumento mediante el oficio firmado el 24 de octubre de 2016 con número de folio CGCS/DJ/121/216.
MERCA CAREY
En el caso de la empresa Merca Carrey S.A. de C.V., el oficio 500-05-06-2016-42953 con fecha del 11 de noviembre de 2016, que el SAT dirige al representante legal de la Secretaria de Desarrollo Social, da cuenta que durante el ejercicio fiscal 2014 la Administración Tributaria documentó que dicha firma emitió comprobantes fiscales a esa dependencia por concepto de “Difusión de las actividades del gobierno de Veracruz”, por lo cual le exigió la documentación soporte de esa transacción comercial.
Entre ello, acta constitutiva, cédula de identificación fiscal, poder notariado del representante legal de la empresa, declaraciones fiscales anteriores de la misma, así como, la documentación de la licitación, licitación simplificada o adjudicación directa según corresponda la relación contractual con la dependencia gubernamental estatal durante el 2014.
En el mismo, solicita la información probatoria para verificar y comprobar todas aquellas operaciones que en su carácter de tercero relacionado haya tenido con la empresa que hoy se sabe no existe.
Recordemos que Merca Carrey S.A. de C.V. se constituyó en 2012 y meses después obtuvo dos contratos por 21 millones 196 mil pesos, uno con la secretaría de Educación y otro con la de Protección Civil de Veracruz. Además, fue invitada a cuatro licitaciones con la Sedesol estatal, junto con otras empresas de la misma red, en 2013. EC
