Se ha beneficiado a más de dos mil 500 con la libertad anticipada

El Gobierno Federal informó esté Día de la Independencia que se ha beneficiado con la figura jurídica de libertad anticipada a 2 mil 685 Personas Privadas de la Libertad en todo el país.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que se trata de un acto de justicia para los presos de centros penitenciarios federales y estatales.

Argumentó que los excarcelados se vieron beneficiados debido a que no cometieron delitos graves o relacionados con violencia, y que se trata de gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades.

Recordó que fue por la instrucción del presidente López Obrador que la SSPC y de Secretaría de Gobernación (SEGOB) se dieron a la tarea de gestionar las libertades anticipadas y amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.

Rodríguez Velázquez detalló que del total de liberados, 123 son mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico-degenerativas, 51 indígenas y 15 extranjeros; y 2 mil 032 personas cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas.

Ley de amnistía

La encargada de la Seguridad del país explicó que en el caso de la Ley de Amnistía se otorgaron 136 libertades, de las cuales 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, 2 con discapacidad permanente, 4 víctimas de intimidación y una de discriminación.

“Nosotros decimos que con acciones como estas, avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa”, afirmó la funcionaria.

Asimismo, citó a Martin Luther King, quien afirmó que “la paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia”.

Citó un caso que se vio beneficiado para explicar la importancia del programa de liberación para las personas más desfavorecidas por el sistema de justicia. Se trata del caso de un hombre de 38 años de edad, a quien no se le identificó para no afectarlo.

Narró la secretaria que perteneciente a la comunidad indígena rarámuri y que desde niño enfrentó discriminación por el uso de su lengua materna, se dedicaba a la tala de árboles y pizca de manzana, en Chihuahua.

Su familia vivía en la pobreza, por lo que nunca pudieron ir a visitarlo a la cárcel, tampoco recibió una carta o un apoyo económico durante su estancia en reclusión. Era la primera vez que cometía un delito y enfrentaba una condena de 12 años de prisión y 2 años antes de cumplir su condena obtuvo su libertad por buena conducta.

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