De 2018 a la fecha, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de operar la recuperación de recursos mal empleados por las instituciones públicas se ha desplomado en más de 80 por ciento.
De acuerdo con datos del Sistema Público de Consulta de Auditorías, en 2017, último año de la gestión del auditor Juan Manuel Portal, la ASF recuperaba en promedio 6.4 millones de pesos por cada auditoría practicada.
Pero en 2018, primer año de la gestión de David Colmenares, el promedio de recuperación bajó a 1.13 millones por cada auditoría; en 2019 fue de 1.26 millones y en 2020 de 1.34 millones.
Este jueves, al darse a conocer la primera entrega de la revisión a la Cuenta Pública de 2021, el promedio bajó a 0.97 millones por cada auditoría, lo que representa una caída de 84% respecto de los niveles que se tenían en 2017.
Después de que la ASF realiza las auditorías a las diversas dependencias de la administración pública federal —así como a las dependencias estatales y municipales que emplean recursos federales—, y previo la entrega de sus informes, la institución tiene un periodo de gestión para aclarar, justificar o transparentar el uso de los recursos públicos.
A esto se le denomina “recuperaciones operadas” y representan una de las principales actividades de la ASF para evitar fugas presupuestales. En sus 22 años de operación, la Auditoría ha recuperado más de 150 mil millones de pesos.
Las recuperaciones más cuantiosas se registraron en los dos últimos años de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con montos que llegaron a superar los 18 mil millones de pesos en un solo año.
Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa, investigadores de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y expertos en materia anticorrupción, señalaron en un ensayo publicado este 30 de junio en la revista nexos que esta caída en los indicadores de la ASF puede deberse a la falta de criterios claros para decidir qué se audita y cómo se investiga, y a que el criterio personal del auditor superior tiene un amplio predominio.
Titulado “Un balance de la reforma anticorrupción (Parte I)”, el texto identifica diversos factores que explican la disminución en los indicadores de la ASF, entre ellos programación de menos auditorías, falta de una metodología para agendarlas, reducción en el volumen de los recursos analizados y falta de coordinación con entidades de fiscalización locales.
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