Foto: @mautreRedacción ejecentral
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó el pasado 4 de mayo explicaciones a la constructora OHL México informes que certifiquen la inexistencia de acciones que puedan afectar activos públicos.
En un comunicado, la SCT recordó desde el 30 de abril la constructora puso en marcha una auditoría para descartar transferencias para fines electorales o ilícitos.
Las autoridades mexicanas exigen a OHL México que “en un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa”.
El texto de la dependencia federal llega un día después de que la organización Ahora, y el candidato a la presidencia Emilio Álvarez Icaza, denunciaran a la constructora de un presunto fraude por más de 86 mil millones de pesos vinculado al gobierno del Estado de México a través de dos obras: el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
La SCT también recordó que “el 5 de mayo la empresa externó públicamente que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México, ni a ninguna de sus subsidiarias, lo cual, afirma la empresa, es coincidente con las auditorías internas practicadas”.
La referencia llega luego de que autoridades españolas bajo la Operación Lezo tuvieran sospechas que desde la filial de la constructora en México se enviaban cantidades de dinero para sobornar a políticos del Partido Popular y operaciones ilícitas. 
