En un nuevo revés a la Ley Federal de Austeridad Republicana y con mayoría de nueve votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda decidir el destino de los recursos públicos ahorrados con las medidas de austeridad de su gobierno.
Con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas propuestas por el presidente López Obrador para integrar el alto tribunal, el resto de las ministras y ministros coincidieron en invalidar dicha medida, pues, además de que no está regulada adecuadamente dicha atribución que por decreto se le concedió al mandatario, se trata de una medida que frustra “al extremo” la facultad que la propia Constitución le otorga de forma “exclusiva” a la Cámara de Diputados.
“Considero que permitir esa situación sería un golpe al principio democrático en la supervisión del gasto público y a la rendición de cuentas”, advirtió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien incluso se pronunció por declarar la invalidez de todo lo planteado en el segundo párrafo del artículo 61, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al señalar que vulnera la facultad presupuestaria de la Cámara de Diputados; propuesta que fue secundada por el ministro Luis María Aguilar.
Sin embargo, la ministra Esquivel Mossa argumentó que, si bien se trataba de una de las facultades exclusivas del Congreso, dicha atribución quedaba “agotada” con la aprobación del presupuesto federal, “por lo que nada impide que los ahorros presupuestales derivados de las políticas de austeridad los aplique el Poder Ejecutivo”.
En contraparte, el ministro Javier Laynez Potisek apuntó que la intervención de la Cámara de Diputados enfocada precisamente en acotar el uso discrecional de los recursos públicos a fin de atender cuestiones que tienen que ver con el subejercicio, adecuaciones al presupuesto, excesos en ingresos o reducción de gasto son parte de las facultades que la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria le otorga al Poder Legislativo para procurar un “real y efectivo contrapeso” frente al Ejecutivo.
Ayer, por unanimidad, el pleno del máximo tribunal resolvió declarar como inconstitucional la prohibición para que exfuncionarios de alto mando pudieran trabajar en empresas privadas en las que habrían tenido algún tipo de valoración o interés por un lapso de 10 años, lo cual fue criticado esta mañana por el presidente López Obrador al asegurar que se trata de una “promiscuidad política-administrativa” en la que no estaba de acuerdo.
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