La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartó que haya un riesgo a la seguridad nacional por hacer pública la denuncia que el gobierno federal hizo ante la ONU en contra de la empresa minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) por el desastre ecológico en la península de Yucatán.
Por mayoría de nueve votos y dos en contra, el Pleno del máximo tribunal del país declaró como “infundado” el recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) del 10 de noviembre de 2022.
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En dicha resolución el INAI ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar una copia de los documentos que el 27 de julio de ese año se enviaron a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; estos versan sobre los daños causados por la empresa subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company.
El principal argumento planteado por la Consejería Jurídica, no así por la Semarnat, para mantener la reserva de información por cinco años, se basó en que dar a conocer la denuncia de los daños al ecosistema y los mantos acuíferos en Quintana Roo, podría afectar el litigio de un arbitraje que desde 2019 mantiene el gobierno con Vulcan Materials ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativos a Inversiones.
Sin embargo, en el proyecto de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se reiteró que dicha instancia de la ONU “no cuenta con ninguna facultad expresa para resolver denuncias por parte de Estados contra empresas”.
Además de que no se argumentó el cómo la entrega de la información solicitada, a la cual hicieron referencia públicamente tanto la titular de la Semarnat como el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría afectar el desahogo de dicho arbitraje internacional.
“Se determina que no es posible sostener que se actualice la causal de excepción de seguridad nacional, ni se encuentran los elementos para sostener la existencia de un interés en este contexto que sobrepase aquel de la colectividad para conocer oportunamente la información relacionada con posibles daños al medio ambiente”, concluyó el ministro ponente.
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