Santiago Nieto promete retomar investigación de caso Odebrecht

30 de Noviembre de 2024

Santiago Nieto promete retomar investigación de caso Odebrecht

El próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló como vergonzoso que no haya sanciones en México por el asunto

Santiago Nieto, próximo jefe de la unidad de inteligencia financiera de México, afirmó que era “vergonzoso” lo poco que se ha hecho en el caso de sobornos ligados a Odebrecht, por lo que prometió retomar el examen del tema una vez que tome el cargo. La firma brasileña admitió haber pagado a autoridades en el país para asegurar contratos de obras públicas. Nieto encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que analiza los registros financieros sospechosos, una vez que inicie la próxima administración federal el 1 de diciembre. En entrevista con Reuters, el extitular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales dijo, sin dar más detalles, que la unidad había sido utilizada con fines políticos. “Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie”, indicó respecto al caso ligado a la constructora brasileña. “En el caso de Odebrecht, y en cualquier otro caso, lo primero que tendríamos que revisar es qué hay en la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al caso”, declaró. Nieto aún no tiene acceso a los archivos y registros guardados por la unidad. En Brasil, ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado sobornos en México. Al respecto, fiscales mexicanos han dicho que están investigando negocios entre el conglomerado brasileño y la petrolera estatal Pemex. Pemex declinó comentar sobre asuntos relacionados con Odebrecht, al afirmar que ya existe una indagatoria en curso. Por otra parte, la oficina del fiscal general de México, Hacienda y la UIF no quisieron ofrecer declaraciones. Odebrecht acusó haber recibido una solicitud de información por correo electrónico para hacer comentarios, pero no ofreció una respuesta adicional. La ira por los escándalos de corrupción generalizados, incluidos los supuestos sobornos de Odebrecht, un lucrativo negocio que involucra a la familia del presidente Enrique Peña Nieto, y cientos de millones de dólares desviados de las arcas del Gobierno mediante contratos falsos, impulsaron al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a lograr la victoria en las elecciones del pasado 1 de julio. López Obrador prometió combatir el crimen financiero y el lavado de dinero, aunque ha dado pocos detalles de cómo lo logrará. En la tarea de ayudar a prevenir y combatir el lavado de dinero, la UIF recibe y analiza información que luego debe transmitir a los fiscales para investigar y construir un caso.

Nieto fue destituido en 2017 como fiscal electoral con el argumento de que había incumplido un código de conducta cuando concedió una entrevista sobre su investigación sobre un supuesto soborno de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012.

El exfiscal ha admitido su error, pero negó haber violado las reglas o revelado información confidencial y afirmó que su despido fue ilegal. En agosto, dos futuros funcionarios dijeron a Reuters que Odebrecht podría ser bloqueado para participar en proyectos de obras públicas en el próximo gobierno. En ese momento, Odebrecht respondió que las faltas en la empresa no deberían usarse para imponer sanciones en México. Nieto puntualizó que presionaría para que se compartiera más información entre los departamentos federales que investigan la delincuencia tributaria, electoral y organizada, e investigaría la posible corrupción dentro del sistema. “Me da la impresión de que hay un factor de corrupción por dentro”, indicó. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional que establece estándares globales para combatir las finanzas ilícitas, declaró a inicios de este año que en México “la inteligencia financiera a menudo no conduce a investigaciones de lavado de dinero, delitos subyacentes y financiamiento del terrorismo”. Tras el informe, Hacienda y la fiscalía nacional emitieron una declaración conjunta reconociendo las deficiencias y prometiendo mejorar esfuerzos. Sin embargo, el gobierno mexicano confiscó sólo 871 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre septiembre de 2017 y junio de 2018, y comenzó solo un proceso penal, de acuerdo con datos oficiales. Nieto, quien calificó los resultados sobre esta investigación como “terribles”, señaló que la UFI y la oficina del fiscal general son los dos “cuellos de botella” que retrasan los casos.

“Por la impunidad, la complicidad gubernamental y la falta de decisión política del combate de la corrupción”, ocurren estos casos, remarcó. (Con información de Reuters). DC