El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el reciente decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este decreto clasifica proyectos como el Tren Maya, el corredor Transístmico y varios aeropuertos como de seguridad nacional, limitando, según Creel, la transparencia y el acceso a la información pública.
En el documento presentado, Creel Miranda argumenta que la medida del Presidente constituye un acto arbitrario que viola el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental establecido en el artículo 6o de la Constitución.
Además, considera que el decreto invade las competencias del Poder Legislativo y las facultades del Congreso, al transgredir leyes relacionadas con la seguridad nacional, la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de obras públicas.
El texto de la controversia señala que el presidente excede las facultades legislativas al ampliar el concepto de seguridad nacional establecido en la Ley, sin tener la autoridad para hacerlo.
También destaca que la Ley de Seguridad Nacional establece la necesidad de precisar el concepto, los principios y los supuestos amenazantes para la seguridad nacional, evitando discrecionalidades y arbitrariedades por parte de las autoridades.
La controversia presentada por el panista acusa al Ejecutivo de intentar asumir el papel del legislador al otorgar el estatus de “seguridad nacional” a estas megaobras sin el respaldo legal necesario.
El legislador también expresa que el decreto obstaculiza la máxima publicidad de la información y afecta negativamente el principio de transparencia que debe prevalecer en estos procedimientos.
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Creel anunció esta acción a través de un video publicado en redes sociales, reiterando que el decreto del presidente es un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a la transparencia y el acceso a la información gubernamental.
Además, afirmó que este decreto perjudica la eficacia, la economía y la honestidad en la gestión de proyectos emblemáticos de la actual administración, como la construcción del Tren Maya, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
La presentación de la controversia constitucional ocurre después de que la SCJN invalidara un primer decreto emitido por López Obrador en 2021, que buscaba clasificar los proyectos de su administración como de interés público y seguridad nacional.
La SCJN lo consideró inconstitucional debido a su amplitud y ambigüedad, según el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de revisar el decreto.
En línea con el fallo de la SCJN, Creel exhortó al presidente a que, en caso de que la Corte reitere la inconstitucionalidad del decreto y si insiste en emitir un nuevo acuerdo sobre lo ya resuelto, la Cámara impugnará su actuación en nombre de la institución tantas veces como sea necesario.
“Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”, sentenció el legislador, destacando su compromiso con la defensa de la Constitución y la separación de poderes en la República.
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