Si bien Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha asegurado que la “adopción” de un bebé por un fin de semana fue legal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que ni él ni su esposa, Mariana Rodríguez, acreditaron las formalidades que exige la ley.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, no existe un proceso de adopción en curso que involucre al menor, información que se desprende de la revisión de información que le fue entregada.
La Procuraduría indicó que el miércoles 19 de enero – al menos cinco días después de que la pareja anunciara la “adopción” del menor – recibió un correo en respuesta al requerimiento de información realizado a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León.
En dicha solicitud, indica, se pidió conocer el proceso legal para conceder el supuesto medio alternativo de cuidado familiar, derivado del cual se estableció que no existe un proceso de adopción que involucre al menor ni al gobernador Samuel García o su esposa.
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La Procuraduría de Nuevo León indicó que desde hace tres meses el menor “recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, pero no se justifican o aclaran estas convivencias.
Aunado a ello, se argumenta que las salidas del menor del DIF “Capullos” fue permitida bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez, pues representa una “figura significativa” para él.
Asimismo, se precisa que permiso para que el menor quedara bajo resguardo de la pareja por un fin de semana fue una “medida especial”, pero esta no cuenta con las formalidades que exige la ley.
Esto es, que el hecho quede asentado por escrito, fundado y motivado, y que el hecho se apegue al interés superior del niño.
El DIF Nacional indicó que realizó un nuevo requerimiento de información a la Procuraduría estatal para concluir el supuesto “permiso de convivencia familiar”, definir medidas a adoptar para garantizar la protección del menor y cerciorarse de los medios de cuidado.
Sobre la vulneración del derecho a la intimidad, la Procuraduría de Nuevo León apuntó que ello no se configura, pues no se considera bajo el supuesto de que el acto “emane de quienes ejercen la patria protestad, tutela, guarda o custodia”.
Mientras que, indica, la afectación de identidad sí se configura en el caso de medios de comunicación, que han difundido información sobre el menor al tomar imágenes de una red social particular de Mariana Rodríguez. CJG
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