Tras la renuncia de Julio Scherer Ibarra como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Ley Federal de Austeridad Republicana que él mismo diseñó y promovió será puesta a prueba.
Esta legislación amplía a 10 años el tiempo para que un funcionario de alto nivel pueda volver a trabajar en el sector privado tras haber dejado el servicio público, ante lo cual tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el propio Scherer Ibarra aseguraron que el ahora exfuncionario retomaría sus actividades en su despacho como abogado.
Hoy mismo se dio a conocer que en la dependencia ya asumió funciones María Estela Ríos González, quien venía desempeñándose como directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y hasta la fecha arrastra conflictos ejidales en torno a los predios cercanos al Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.
A casi dos años de la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana que establece que todo servidor público de alto nivel que deje el servicio público para laborar en iniciativa privada deberá cumplir 10 años para hacerlo, salió a relucir el anuncio de que Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal retomaría sus actividades de abogacía en el sector privado.
La legislación, de la cual ya se han promovido recursos legales en contra, se dio a conocer en abril, cuando una exfuncionaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos consiguió un amparo luego de que un juez determinó que dicha ley resulta discriminatoria y violatoria del derecho a laborar. Esto contraviene con el anuncio que hoy señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Scherer Ibarra, al asegurar que retomaría sus actividades como abogado.
Esto tomó relevancia en el marco del caso de Luis Arturo Castañeda Rebolledo, exdirector de la Unidad de Legislación Tributaria de Hacienda, quien tras dejar su cargo se asumió como socio en la consultora internacional PricewaterhouseCoopers, lo cual implicó que la Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación en su contra.
Teniendo a su cargo la revisión de todos los proyectos de iniciativas legislativas, decretos, reglamentos, resoluciones presidenciales y demás instrumentos de jurídicos, así como el prestar apoyo y asesoría jurídica a las entidades federativas, entre otros objetivos que debe cumplir la Consejería Jurídica, la aplicación de la ley sobre su extitular podría implicar una revisión de la SFP de las empresas y entidades con la que llegó a establecer acuerdos en el marco de su encargo.
En sustitución de Scherer Ibarra queda María Estela Ríos González, quien fue consejera jurídica del Distrito Federal cuando López Obrador fue el Jefe de Gobierno, y se desempeñó en este gobierno como directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que hasta este año arrastraba señalamientos de intento de fraude y la exigencia de indemnizaciones por parte de ejidatarios propietarios de terrenos cercanos al Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.
