Salaverna, crónica de un desalojo

Foto: Bet-biraí Nieto Morales.

Hasta la comisión de defensoría de Derechos Humanos de la ONU llegó el caso de 12 familias que resisten los intentos de deshaucio de la minera Frisco-Tayahua, que necesita el pueblo vacío para extraer cobre de 99.9% de pureza.

Bet-biraí Nieto/Enviada

Mazapil, Zacatecas.- La mina sepultó la educación, la salud, el transporte y hasta la fe de un pueblo ubicado al norte de la entidad que se resiste a ser desalojado, a dejar sus casas de adobe y piedra.

Desde el 23 de diciembre pasado ya no repican las campanas de la iglesia para llamar a misa, la ruta del camión que cada dos horas surcaba los caminos de terracería dejó de tomar en cuenta este itinerario, la unidad médica quedó sin personal y los pocos niños que allí habitan no acuden a la escuela de esta comunidad del semidesierto zacatecano, localizada a 15 kilómetros de la mina Peñasquito, la explotadora de oro a cielo abierto más grande de América Latina y a 300 kilómetros de la capital del estado.

Grupo Frisco asegura que la permanencia de los habitantes es ilegal, dado que el terreno es de su propiedad y tiene “fallas naturales” evaluadas por Protección Civil.

Los pobladores sostienen que la empresa no detenta los títulos de propiedad de las viviendas, pues ellos tienen los que les cedió el ejido local. En cuanto a las fallas, los vecinos se apoyan en un documento de manifestación de impacto ambiental emitido en 2013 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el proyecto Calcosita Salaverna Minera Tayahua S.A. de C.V. y que determina que el poblado se ubica en una zona asísmica.

El pueblo se mantiene en resistencia con el apoyo de organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y su asesor jurídico, Efraín Arteaga. Interpusieron en 2015 un recurso ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) para “deslindar” las hectáreas donde se encuentra Salaverna.

Esto significa que deben medir los terrenos para determinar qué parte es propiedad de los ejidatarios y cuáles pertenecen a Frisco. Todavía esperan la resolución.

El caso fue llevado hace más de un mes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la comisión de defensoría de Derechos Humanos, mediante el relator Michel Forst.

En el expediente entregado al agente, anexaron dos peticiones más: modificar la legislación para prohibir la minería a cielo abierto y declarar a esta región como área natural protegida.

Por ahora, quedan las casas de 12 familias donde originalmente habitaban 80, algunas chivas, una fuente de cantera en lo que anteriormente era la plaza principal, árboles de pino, unos cuantos vehículos de los pobladores, maltrechos postes de luz hechos de madera que amenazan dejar sin electricidad a los habitantes, la calle principal empedrada, una tienda pintada de amarillo nombrada Casa Guevara y a su costado dos viviendas de las que sólo quedó su cascarón.

Hasta de las anteriores oficinas de la minera Tayahua, filial de grupo Frisco —que llegó en 1985 para explotar cobre desde el subsuelo— y cuyo dueño actual es el multimillonario empresario Carlos Slim Helú, también fueron abandonadas.

El pueblo tiene que ser desalojado, sostiene la empresa, porque cuenta con la aprobación legal por parte de las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para explorar y explotar una mina a cielo abierto, para extraer cobre con 99.9% de pureza. La oferta sería tendrían que refundar otro pueblo, con pequeñas viviendas de interés social, algo de dinero, pero en un lugar más apartado, sin espacio para chivas, gallinas y vacas y sin identidad.

Un pueblo fantasma

Son las 10 de la mañana. En la entrada principal de Salaverna hay dos camionetas de la Policía Estatal de Zacatecas y seis uniformados apostados al lado de ellas. Revisan de reojo sus celulares y algunos platican entre ellos. Observan el paso de un vehículo y a sus tripulantes.

No los reconocen, sólo corresponden a su saludo con un ademán. Terminan su charla y aunque no se oponen a que los extraños sigan avanzando, no dejan de observarlos.

El ruido que se percibe en varios metros corresponde a un respirador de mina, el pozo Robin que emerge del subsuelo, y al movimiento de las cuatro llantas del vehículo cuyos tripulantes buscan un sitio para estacionarse.

Hay de sobra, pero predominan las pendientes y es mejor buscar un rellano entre las piedras.

En Salaverna ninguna calle fue pavimentada. El clima del semidesierto es hostil. Todavía es invierno y al mediodía el sol es soportable a la sombra, donde el viento cercena el cuerpo con una rapidez similar a la de las aspas de una licuadora y los pocos vehículos estacionados se mecen vigorosamente.

A medida que se recorre la localidad, va cobrando certeza el rumor que ha crecido entre los habitantes de la capital del estado: “En ese pueblo ya no hay nadie. Es un pueblo fantasma”.

—Buenos días, ¿hay alguien aquí?— El viento chifla a modo de respuesta.

—¿Está don Roberto?— Y el viento responde de nuevo.

En un pequeño risco está la casa del delegado municipal, Roberto de la Rosa, Don Beto. Su barda blanca sigue en pie, aunque las rejas azules de madera no soportaron los embates del clima, el tiempo y las polillas. En el patio, construido en el nivel inferior del pequeño crestón hay una lavadora, un refrigerador, cajas de plástico con otros enseres de cocina, una camioneta roja marca Chrysler cubierta con un toldo amarillo y al costado un contenedor de agua. Unos cuantos árboles con poco follaje permanecen estoicos en medio del predio y como si fuera una evocación a las construcciones del jardín surrealista Xilitla, San Luis Potosí, unas escaleras de concreto conducen a lo que en otros años fue un cuarto del que sólo queda una pared que sirve de fachada.

›Algunos habitantes de la comunidad han salido de sus casas con sillas y sombrillas. Son quienes resisten y con esto se viene abajo el rumor sobre la reciente fama de pueblo fantasma.

—¡Don Beto no está! Grita una mujer al otro lado de la calle, quien asegura que el delegado municipal llevó a sus cabras a pastar a un terreno que está a una hora de Salaverna.

Es María de los Ángeles Guevara Ledesma, de 45 años. Ahora cuida de su marido, quien perdió un brazo y una pierna tras un accidente en la mina que los quiere sacar de su vivienda.

Para llegar a la calle de abajo hay que descender por una pendiente entre los montículos de piedra, granito y árboles de conífera que sirven de apoyo a los caminantes para evitar que se derrapen. Por cada pisada, el terreno se remueve entre los zapatos y permanecer un momento de pie no es una opción.

No se percibe ningún aroma que anuncie el almuerzo, pero habrá algo que llevarse a la boca y para eso los que quedan hacen un recorrido de 10 kilómetros hacia los almacenes de la cabecera municipal de Mazapil; la tienda del pueblo ya no abastece de pan, leche, verduras, frutas ni sopas de pasta o arroz.

Las únicas ventas de la tienda local son refrescos y botanas, pero sólo de vez en cuando, dice Celestino Guevara Ledesma, el tendero de la comunidad, cercano a 50 años de edad, quien viste un suéter raído negro a rayas y un deportivo pantalón azul marino con líneas verticales al costado y botas negras cubiertas de polvo.

Celestino se sienta al borde de los cimientos de una casa y al lado de él, su hermana María de los Ángeles.

Ella es la primera en rememorar cómo es que Salaverna ha ido de éxodo tras éxodo y derrumbe en derrumbe.

Hacia 2009 Frisco-Tayahua adquirió los derechos de exploración y explotación ante la Secretaría de Economía, además de la concesión de 300 hectáreas de un polígono que incluye a Salaverna.

Un año después, la empresa comenzó a comprar poco a poco terrenos de la comunidad.

De lograrse el deshaucio, la minera extraería diariamente 42 toneladas de cobre catódico de 99.9% de pureza. La empresa ofreció 500 pesos por hectárea, pero la mayoría lo rechazó, pese a una contraoferta que subió a cinco mil pesos y la reubicación de los vecinos en un fraccionamiento a cinco kilómetros de su anterior domicilio, bautizado como Nuevo Salaverna y al que mudaron todos los servicios de los que gozaba el pueblo original. El acuerdo incluía las escrituras de las nuevas viviendas. El trato lo aceptaron algunas familias. Empero, los pobladores de ambos sitios han advertido que estos documentos sólo les fueron asignados en comodato y las casas pertenecen a la minera. Para aquella fecha los pobladores, con el apoyo de organizaciones sociales, solicitaron recurso ante la Sedatu para delimiar las hectáreas de la comunidad. Todavía se contaban 35 hogares en el poblado y desde aquella fecha experimentaron detonaciones desde el subsuelo durante las noches y las madrugadas.

—Haga de cuenta que todos los días temblara en su casa. No hay manera de que el polvo no cubra los muebles, la ropa y la comida. La minera nos hace comer polvo. No le hace, de aquí no me sacan, espeta Geli, como cariñosamente la nombra su hermano Celestino.

A causa de las detonaciones, todas las casas y el suelo sufrieron fracturas; la tierra del pueblo se fue hundiendo y el éxodo de pobladores vino otra vez.

Navidad, cigarro y agua

Antes de las siete de la mañana del 23 de diciembre de 2016, entraron ocho patrullas y taparon todos los accesos a la comunidad. Sólo permitieron el ingreso de dos tractocamiones, dos camiones de mudanzas, 30 efectivos de la Policía Estatal, 50 ministeriales, empleados de Protección Civil de Zacatecas y una ambulancia.

A esa hora la mayoría de los hombres del pueblo se habían ido a trabajar y sólo estaban las mujeres, los niños y el esposo de María de los Ángeles. La pregunta entonces es obligada.

—¿Cómo pasaron la Navidad?

—Pues en vela, a puro cigarro y agua. Ni hambre nos dio. Teníamos que defendernos. Estábamos muy desconfiados de todos. Todavía seguimos muy escamados —responde Miguel Sánchez Muñoz.

Su piel, al igual que la mayoría de sus vecinos, está ajada; el verdor de sus ojos contrasta con su rostro curtido por los años y el trabajo debajo del sol, del que se protege con una gorra verde oliva.

—Trarac, tiric, trarac, tarac, trarac…

Armado con un mazo y un cincel, Micky como lo llama Celestino, comienza a fragmentar el piso de piedra sobre la calle principal. Su deslavado pantalón de mezclilla azul y su chamarra de piel café dan la impresión de que llevan cubriéndolo varias décadas. Los policías estatales formaron un semicinturón alrededor de las casas donde había gente dentro.

No permitían que entrara o saliera ninguna persona. A patadas, los efectivos tumbaron las puertas de las viviendas para que ingresaran los hombres que venían con los camiones de mudanzas para retirar las pertenencias de los vecinos.

—¿De qué vive ahora don Miguel?

—¡De milagro!... y de una pensión que pude arreglar. Durante 18 años trabajó para otra minera, Macacozac, de la que salió en 1993 para laborar en Frisco-Tayahua que luego de 27 años lo despidió ante su negativa por reubicarse en Nuevo Salaverna.

—Trarac, tiric, trarac, tarac, tarac…

A cada respuesta da un martillazo con el que arranca un pedazo de piedra que sacude y juega entre sus manos. Se incorpora y comienza a caminar.

—Venga, le voy a enseñar cómo acabó la iglesia y la escuela.

El primer edificio que derribaron fue la escuela Vicente Guerrero, que antes del 23 de diciembre todavía tenía sus bardas pintadas de azul, donde se leía la leyenda “La patria es primero”.

—Después de lo que nos hicieron, me consta que esos que vinieron no saben lo que es la patria, dice Miguel, mientras se sacude el polvo. Todavía lleva consigo el mazo y el cincel.

Nadie alcanzó a salvar los pocos aparatos que dejó la administración escolar; incluso derribaron una columna de cantera amarilla donde fue colocado el busto de bronce dedicado a Miguel Hidalgo y en cuya placa fechada en 1958 se lee “El indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria”.

—¿Dónde quedó el busto?

—Está en mi casa, Micky, lo alcancé a tomar antes de que alguien se lo llevara, confiesa Celestino.

Foto: Bet-biraí Nieto Morales

El siguiente edificio fue la iglesia con todo y sus cúpulas, la cruz de cantera y herrería, explica Celestino.

Eso sí, las custodias y las imágenes se las llevó hace dos años el cura Filiberto hacia la iglesia que construyeron en la nueva comunidad.

En el Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas, cerca de las 9 de la mañana, los cuatro hombres que acudieron a la reunión con el gobierno estatal y la minera, luego de conocer el intento de desalojo de su comunidad consultaron con el líder del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), Felipe Pinedo, y Efraín Arteaga, asesor legal de los habitantes y dirigente de la UNTA, para organizar en esos momentos un bloqueo sobre la principal avenida de la capital que derivó en acordar la retirada de la maquinaria, la mayor parte de los efectivos y la suspensión del desalojo y la intervención en las casas.

Los últimos inmuebles que alcanzaron a derrumbar antes de la interrupción del desalojo fueron la delegación municipal y la casa de Leticia Mendoza, habitante que logró que la maquinaria pesada no continuara con dos pequeños cuartos de adobe que todavía quedaban en pie.

Durante el zafarrancho, Leticia Mendoza pudo retener un trascabo en su domicilio y que devolverá en cuanto el gobierno estatal se comprometa mediante un documento para reparar los daños que sufrió su vivienda pese a ello es la única de los habitantes de la comunidad que dice recibir apoyo de la policía estatal, quienes le proporcionan víveres, menciona María de los Ángeles al señalar hacia un jacal con una lona azul, donde Leticia se mantiene en la resistencia.

La Semarnat autorizó en 2013 el proyecto para la explotación de cobre a tajo abierto en un área de 300 hectáreas y así excavar un cráter de 40 hectáreas con 230 metros de profundidad, por lo que además de Salaverna, también volarían los pueblos vecinos de Cedros, Providencia y Aranzazú. Todos ellos alcanzaron la bonanza minera hacia 1960 y paulatinamente fueron abandonados tras la explotación de los yacimientos de oro, zinc y cobre.

¿Qué esperan los habitantes de Salaverna? La respuesta no la saben y la Sedatu podría tenerla, pero no hay una fecha para conocerla.

El viento de Salaverna no deja de soplar y amenaza de nuevo con derribar el poste de luz que se encuentra entre las ruinas de la iglesia y la escuela.

Miguel y Celestino tratarán de que siga en pie, al igual que su resistencia a dejar el pueblo.

La minera tiene proyectada la extracción diaria de 42 toneladas de cobre catódico con pureza de 99.9%.

Desolación. Los habitantes viven en la incertidumbre ante otro posible intento de desalojo por parte de la minera.Frisco-Tayahua.

“Mi esposo estaba en la casa, acostado en la cama porque está discapacitado por un accidente que tuvo en la mina. También querían echar abajo mi casa con todo y él adentro, pero no me quité”.