Como todos los años desde hace 25, Transparencia Internacional, una ONG fundada en Europa un año antes y que actualmente tiene 112 capítulos nacionales y cuenta con aproximadamente dos mil colaboradores en todo el mundo, acaba de publicar su tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Este índice se elabora fundamentalmente a partir de las opiniones de expertos, de empresarios, de organizaciones no gubernamentales, entre otras, y se ha consolidado como una fuente importante e independiente para conocer cómo va cada país en este lacerante tema que, como sabemos, no distingue naciones.
Una vez más los mejores clasificados son los países nórdicos europeos. En primerísimo lugar Dinamarca, con una calificación de 88 puntos de 100 posibles, es decir, a pesar de que esta bien clasificado hay indicios de corrupción, y así se va calificando a cada país hasta llegar al último, que es Sudán del Sur con 12 puntos.
Para el caso de nuestra América es importante notar que Estados Unidos tiene 67 puntos, lo cual significa un aumento de la percepción que tienen en ese país sobre el tema y que incluso ha llevado al presidente Biden a declarar que la corrupción es un asunto central, colocándolo al nivel de seguridad nacional, y su Congreso ha aprobado una ley que, a partir de este año, va a obligar a las empresas a declarar los propietarios reales de ellas, lo que sería un buen ejemplo para seguir. El tema principal en ese país es la opacidad y laxitud que hay en el financiamiento de las campañas electorales, algo común también en nuestro país y en muchos otros.
Pero entrando de lleno a nuestra América Latina, Uruguay continúa liderando como el mejor país en la región, con una puntuación de 73 y Venezuela el más bajo, con una puntuación de tan solo 15.
Varios países hermanos están mejor clasificados que nosotros, como son los casos de Chile, Costa Rica, Cuba, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. No he tomado en cuenta a las naciones que están en nuestro subcontinente pero son de habla inglesa, todas las cuales están también por encima de México.
Para nuestro país, con una calificación de 31 puntos, colocado en el lugar 124 de 184 países, el comentario de Transparencia Internacional es a mi juicio grave, sobre todo porque este gobierno ha dicho que el tema es uno de sus objetivos fundamentales y, por la apreciación que se tiene desde afuera del gobierno, no es así: mencionan que en un año no ha habido avances, a pesar de como dice “la fuerte retórica anticorrupción del presidente, no hay grandes y relevantes hechos de personajes sancionados, ni hay grandes activos recuperados”, y un tema terrible al decir que “el creciente número de escándalos involucrando a colaboradores cercanos del presidente” y terminan con una crítica severa a la nula autonomía de la Fiscalía General de la República.
En nuestra América el problema de la corrupción sigue siendo un tema no resuelto desde hace decenios, a pesar de grandes campañas, tanto nacionales como internacionales, como, por ejemplo, el compromiso de Lima sobre la “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, en el cual se presenta un listado de acciones necesarias para reducir el flagelo.
Una de ellas, y yo la considero de las más importantes y que ha sido ignorada por la actual administración a pesar de las declaraciones efectuadas, se refiere a la inobservancia de la transparencia en las adquisiciones y obras públicas. Es una de las fuentes de mayor corrupción, y si bien hay veces que, dada la situación, hay que hacer las adquisiciones directas, no debe aplicar para todos los casos; y tampoco debe aplicar para todos los casos donde intervengan las fuerzas armadas, porque nada de lo que están haciendo adicional a su labor normal cae dentro de la seguridad nacional.
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