Son tantas las noticias que se dan todos los días en nuestro país, que difícilmente nos acordamos de algunas importantes y se quedan en el limbo o de plano se olvidan. Me referiré a tres de ellas que, pese a haber sido denunciadas por las autoridades, han tenido un seguimiento que hasta ahora deja mucho que desear, y esto sin pensar mal, en el sentido de que se prefiera que pasen al olvido por los involucrados o por la gravedad del caso.
Empezaremos por uno que creo es de los más importantes. Se trata del lamentable y horroroso caso de los estudiantes de la Normal Rural en Ayotzinapa sobre el cual, desde el inicio de este gobierno, el subsecretario Encinas dijo coloquialmente, “le estamos pisando la cola al tigre en caso Ayotzinapa”.
Y el mes pasado todo dio un vuelco con la denuncia realizada por el subsecretario en la tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, en la cual involucró con nombre y apellido a un coronel de aquella época, señalando que seis jóvenes fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del entonces coronel José Rodríguez Pérez, a cargo del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero y hoy general brigadier, Jefe de Operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lo que sorprende hasta el día de hoy es que no se sepa nada de las consecuencias de esa declaración, que por lo menos obligaría a la detención del general y su procesamiento, pues cumple con la famosa prisión preventiva de oficio al ser acusado de un delito.
¿Por qué no se ha informado nada en este caso tan grave? Todo apunta a que quieren protegerlo por ser militar, lo cual sentaría un precedente funesto.
Otro asunto de la mayor importancia, y que lleva ya varios meses sin resolverse, es lo que se ha denominado “la estafa maestra”, mediante la cual servidores públicos del gobierno anterior se beneficiaron indebidamente, utilizando para ello principalmente a universidades públicas estatales.
Sabiendo estos funcionarios de las penurias de años, que por cierto continúan, en cuanto a la falta de recursos en varias universidades públicas, las utilizaron a cambio de darles un porcentaje del dinero mal habido.
Creo que es muy importante aclarar que hasta ahora solo se ha involucrado en dicha estafa a un rector, porque lo que hicieron los rectores, aunque indebidamente, fue utilizar dicho dinero no en su beneficio personal sino para pagar deudas de las universidades. Las instituciones fueron utilizadas por los servidores públicos corruptos y el principal de ellos, según los medios, Emilio Zebadúa, sigue libre, supuestamente como testigo protegido, pero hasta ahora, que se sepa, no se ha logrado recuperar algo de los más de cinco mil millones involucrados el caso.
Esta persona, aparte de su corrupción, dañó la imagen de las universidades públicas y también debería pagar por ello.
Por último, está el caso del actual subsecretario de Comunicaciones y exdirector de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien un día apareció como denunciado por operaciones irregulares en su etapa de director del Fondo y al día siguiente se señaló que no había ninguna denuncia.
Pero resulta que los medios sí han documentado varías irregularidades a través del Órgano Interno de Control; incluso se han publicado tres denuncias penales realizadas por la nueva administración de Fonatur a través del INAI.
Y de pronto ya no se sabe nada más. Y se trata de tres casos en donde este gobierno actuó, pero no concluye, o no ha informado de los avances, lo cual da para pensar muchas cosas, pero sobre todo creo que no han tomado en consideración que solo en estos tres casos, según la información ampliamente difundida en los medios, están involucrados un general brigadier, un subsecretario de Estado y un supuesto testigo protegido y hoy ya no aparece ninguna información del gobierno o la Fiscalía General de la República sobre esos casos.
