Varios hemos manifestado nuestra preocupación por las actividades diferentes que se les están asignando a las fuerzas armadas y la consecuente posibilidad de que, siendo acciones que tienen que ver con obras y adquisiciones, se generen actos de corrupción, los cuales, supuestamente, no se daban en el Ejército y la Marina, o no eran públicos.
Primero, creo que hay que acabar con el mito de la incorruptibilidad de este sector de la administración pública, porque es una versión idílica y que no toma en cuenta la realidad de lo que ha ocurrido y está ocurriendo.
Cuando los militares se ponen a desarrollar actividades que en realidad son para el gobierno civil aparecen los hechos de corrupción a todos los niveles, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Como ejemplos tenemos a Chile con la Ley Reservada del Cobre, en la que estuvo involucrado el excomandante en jefe del Ejército en lo que se llamó el Milicogate o Perú en el gobierno de Fujimori, quien mediante la corrupción cooptó a la cúpula militar para mantenerse como gobernante.
El que de pronto, de estar en los cuarteles o patrullando las ciudades atendiendo y comprando o construyendo activos para sus tareas propias, pasen a ser responsables de parte del Tren Maya, de las aduanas terrestres y marítimas, de la construcción de sedes del Banco del Bienestar etc., es un paso gigantesco en la posibilidad de caer en actos de corrupción.
Han aparecido notas, mismas que no han sido aclaradas o contestadas por las fuerzas armadas, en donde claramente hay por lo menos indicios de hechos delictuosos conforme a la legislación mexicana, y no estamos hablando sólo de este gobierno, sino también de los pasados.
Lo que distingue a éste es la intensidad de los negocios en los cuales están participando. Lo peor es la decisión tomada de que varias de sus actividades, podríamos decir “extra militares”, sean catalogadas como de “seguridad nacional”, es decir, que entran directamente en el mundo de la opacidad sin que haya motivo para ello, pues en ningún caso estamos hablando de la compra de armamento o la construcción de cuarteles.
El caso más reciente, dado a conocer la semana pasada por la periodista Peniley Ramírez en el periódico Reforma, se refiere a varias empresas coludidas para obtener contratos en la Refinería Dos Bocas, y la ocurrencia de convertir las Islas Marías en un destino turístico.
Se menciona que son contratos por más de dos mil 500 millones de pesos y vía transparencia no se tiene acceso a algún otro dato. Asimismo, el artículo señala que la Marina no ha dado ni una explicación o mostrado transparentemente cómo se asignaron dichos contratos.
¿Cuándo fueron capacitados los miembros del Ejército para encargarse de gigantescas compras de toda una serie de productos, o para decidir a qué constructora privada le asignan una obra? Para todo eso, aunque no se crea, se necesita experiencia y conocimiento de las disposiciones legales.
Sería muy deseable y urgentemente necesario que haya transparencia de las fuerzas armadas en estos actos y no escudarse en la seguridad nacional, que no tiene que ver. Sin duda, en unos meses, nos vamos a encontrar con que la Auditoría Superior de la Federación, en su obligación legal, encuentre posibles hechos de corrupción.
El General secretario ha manifestado públicamente “el compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos”. Considero que, hasta el día de hoy, están en deuda con el compromiso.
Como estamos viendo, la lucha contra la corrupción no es sencilla y en el caso de nuestro país, con la incorporación de las fuerzas armadas a los negocios, es necesario que tengan, por su carácter e historia, un alto índice de honestidad comprobada para seguir siendo una de las instituciones de más orgullo de México.
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