Se anunció, después de varias reuniones del Presidente de la República con el sector privado, que a finales de mes se hará el gran anuncio de inversión en infraestructura de esta administración bajo varias modalidades, una de ellas, la de las famosas asociaciones público-privadas (APP), como una de las formas que permitirán avanzar más rápidamente y salir del hoyo en que nos encontramos en este aspecto.
Una primera anotación es que este tipo de inversión es uno de las preferidos de los organismos defensores del neoliberalismo, sea el Banco Mundial (GBM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es decir, que una parte importante de las principales inversiones de este gobierno se va a realizar bajo los dictados de los neoliberales.
Se han escrito decenas de artículos sobre las denominadas APP, la gran mayoría cuestionando su finalidad, funcionamiento y rentabilidad. Esperemos que los expertos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, entre otros, se hayan dado a la tarea de revisar la historia nacional e internacional de dichas asociaciones.
Esta forma de inversión ha sido puesta en duda de manera permanente en varios países por decenas de expertos, quienes, entre otras cosas, han cuestionado el apoyo activo del poderoso Banco Mundial a este esquema, pues todo apunta a que los grandes beneficiarios son los empresarios privados. Un estudio realizado por dos especialistas de la ONG denominada EURODAD, Mathieu Vervynkt y María José Romero, indica que los costos fiscales de las APP pueden suponer una gran carga para las arcas públicas, que este esquema permite a los gobiernos mantener los costos y pasivos de estas inversiones fuera del balance y, por lo tanto, las evaluaciones de las limitaciones presupuestales.
Varios países ya se han quejado de que los costos de las APP les han dejado pasivos fiscales negativos a largo plazo, como son el Reino Unido, Portugal, Lesoto, etcétera.
Incluso la propia OCDE, que apoya dichas inversiones, señala que “la documentación presupuestaria debería divulgar de forma transparente toda la información posible a los gastos y pasivos contingentes de las APP, la información debería incluir lo que abonará el gobierno y cuando se llevará a cabo, así como todos los detalles sobre garantías y pasivos contingentes”.
En nuestro país ya hemos tenido experiencias desastrosas con estos esquemas, empezando con los famosos Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS), mismos que gracias a sus costos y a su fracaso se transformaron en Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), y hasta la fecha que no sabemos los resultados de tales inversiones.
Es tal la preocupación de lo que puede suceder con este tipo de instrumentos que, a principios del año pasado, la diputada Araceli Damián propuso una modificación a Ley de Asociaciones Público Privadas, promulgada en 2012, para que se acotara la duración de los proyectos a no más de 20 años y, sobre todo, que la erogación máxima para las obras de infraestructura consideradas no rebasara el uno por ciento al año del Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicha propuesta se envió a la famosa “congeladora”.
Ahora es el momento, antes de que se comprometan los recursos, de que este gobierno sea responsable y revise si dicho esquema es válido, tomando en consideración lo que son las APP en la realidad, y en aras de la transparencia y la información pública sería muy importante conocer los resultados de las vigentes en el país para saber cómo han funcionado y cuáles han sido los beneficios para la población y no solo para el sector privado.
