Preguntábamos en el artículo de la semana pasada, antes de que se aprobara el Presupuesto, si la educación superior importa, y el resultado, después de haber sido aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023, confirma que no es un tema significativo para la actual administración, incluyendo a los diputados de Morena, quienes junto con otros miembros del Congreso en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibieron muy bien a los representantes de la ANUIES y en varias sesiones estuvieron dando esperanzas.
Sin embrago, al final no modificaron ni un ápice la propuesta del gobierno, es decir, ningún incremento para este sector que se encarga de atender a más de cuatro millones de jóvenes en todo el país.
No es sorprendente la decisión, porque así ha sido desde el inicio de la actual administración. Los universitarios esperaban más, sobre todo cuando modificaron la Constitución y aprobaron nuevas leyes para incluir la gratuidad y la obligatoriedad, lo cual se trató de una decisión extraordinaria del Ejecutivo y no de las comunidades universitarias. El resultado ha sido desalentador; no se crearon los fondos para garantizar dichas promesas y ahora los rectores de las universidades públicas estatales están contendiendo contra amparos de los jóvenes que argumentan acertadamente que la Constitución los protege y no tienen por qué pagar una cuota de inscripción. Ante esta situación el gobierno ha sido omiso, dejando un gran problema a las autoridades universitarias.
En los medios de comunicación leemos cómo se han incrementado sin la menor restricción los costos de las obras prioritarias del gobierno, sobre todo las que están a cargo de las fuerzas armadas y nos preguntamos si ellas están exentas de cumplir con las disposiciones legales.
Según tenemos entendido, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay una unidad encargada de revisar y aprobar todas las inversiones de la Administración Pública Federal, a la cual generalmente invierte tiempo en aprobar alguna inversión. Ahora sorprende la facilidad con la que ha otorgado a las fuerzas armadas el consentimiento para realizar dichas inversiones. Sería conveniente que se publicara el análisis de costo-beneficio que se le exige al resto de las dependencias públicas.
Gracias al ahorro en la protección de datos que ha ocasionado el hackeo del grupo Guacamaya, ahora sabemos que el ejército está decididamente en plan de negocios y no de combate al narcotráfico y sus derivados. Planean una compañía de servicios turísticos denominada Itzamná, nombre de uno de los dioses más importantes de la cultura Maya, que contempla entre otras cosas la creación de una aerolínea, la que será parte de las ocho empresas creadas por el ejército en la actual administración.
Traigo a colación esta información para compararla con los recursos destinados a la educación superior y que van disminuyendo año con año. Además, ahora se les ocurrió la incongruencia de eliminar las becas de manutención Elisa Acuña en el Presupuesto aprobado por la mayoría de Morena para el año que viene, dejando a miles de estudiantes de la educación superior y a sus familias en situación de angustia.
No ha habido la menor explicación del porqué de esta medida, ni por parte de la SHCP ni de la SEP, confirmando nuestra suposición de que no les importa, lo cual lamentamos de un gobierno que afirmó otra cosa.
¿No podrían bajarle algunos millones al Tren Maya o reducir algunos de los hoteles que va a construir el ejército (y esperemos no se les ocurra administrar, porque se trata de un negocio que necesita especialistas y no sargentos) y destinarlos para que los jóvenes de familias de menos de cuatro salarios tengan al menos 900 pesos mensuales para poder tener un desayuno o una comida más o menos decente?
¿Sería mucho pedir?
