Lo que está ocurriendo con la pandemia, sus secuelas con las nuevas variantes y la actitud de los gobiernos y las empresas farmacéuticas, muestra que la solidaridad es una palabra olvidada y que importan más las utilidades que la vida de millones de personas, además de confirmar que en el sistema capitalista manda la llamada iniciativa privada, y dentro de ella el famoso uno por ciento.
Desde el inicio de la pandemia han muerto por su causa, según la información publicada, más de cinco millones de seres humanos en todo el mundo, más los que no se han registrado debido a que muchos países no tienen sistemas efectivos que den cuenta de las muertes o que inclusive las ocultan.
Al día de hoy, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 65% de la población que habita en los países desarrollados ha recibido cuando menos una dosis y 50% de ellos ya tiene las dos dosis, como es el caso de toda Europa. Mientras tanto, en los países menos desarrollados, apenas se ha vacunado con una primera dosis al 7% de la población.
Hace más de un año, la India y Sudáfrica propusieron a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la supresión de los derechos de propiedad intelectual de todos los productos y tecnologías sanitarias que sirvan para luchar contra la Covid-19 durante un plazo de tres años. Esta propuesta fue avalada por más de 100 países, ente los cuales está México. Incluso, sorprendentemente Estados Unidos con el gobierno de Biden la apoyaron. Sin embargo, no ha pasado absolutamente nada, porque Japón y algunos países de la Unión Europea, encabezados por Reino Unido y Alemania, se opusieron tajantemente a ello y únicamente concedieron que el tema no caduque y se siga discutiendo.
Se iba a realizar una reunión definitiva de la OMC a principios de este mes, pero se pospuso indefinidamente debido a la aparición de la nueva variante Ómicron. Así de simple operan los gobiernos occidentales en favor de las grandes farmacéuticas, que son, en última instancia, las grandes beneficiadas con lo que está ocurriendo, incluyendo las miles de muertes de seres humanos.
La Comisión Internacional de Juristas publicó una opinión legal sobre la exención propuesta, misma que fue avalada por 140 expertos de todo el mundo. En ella se sostiene que los Estados miembros de la OMC tiene la obligación de no oponerse ni obstruir la exención planteada, y si lo hacen están actuando en contra de obligaciones jurídicamente vinculantes. Por eso, los burócratas aliados con los jefes de gobierno de Europa, principalmente, han encontrado la solución: posponer indefinidamente la reunión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los gobiernos que sitúen a los derechos humanos en el centro de sus respuestas a la pandemia, incluyendo el acceso libre a las vacunas y medicamentos, ya que éstos se entienden como bienes públicos para la salud.
Como bien apuntaba un editorial del periódico español, El País: “al acumular vacunas y priorizar los intereses comerciales y de las empresas farmacéuticas, los países desarrollados están contribuyendo a que continúen muriendo personas en los países pobres del mundo”.
El secretario general de la ONU ha dicho que lo que está ocurriendo es una pandemia de abusos contra los derechos humanos, incluyendo la garantía del acceso universal a las vacunas y provocará el incremento de la pobreza y la desigualdad en todo el mundo.
Estamos frente a una muestra de lo más siniestro del capitalismo: la obtención de utilidades a costa de lo que sea.
La mayoría de los gobiernos, la ONU, la OMS, la OMC y millones de seres humanos no hemos podido vencer a un puñado de empresas farmacéuticas de los países desarrollados. Ésta es la terrible realidad y a la vez la losa que cargarán toda su vida los responsables de que esto ocurra. Hasta hoy, más de cinco millones de muertos.
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