El Ejecutivo Federal publicó, el 16 del presente mes, una reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que suprime los “sorteos o símbolos a través de máquinas”, lo que comúnmente se conoce como máquinas tragamonedas. Es sin duda una gran medida, que esperamos continúe ante la proliferación miserable de casinos y que tiene una larga historia. Fue el gran presidente Lázaro Cárdenas quien, el 24 de junio de 1938, publicó un decreto presidencial ordenando su desaparición, por ser focos de vicio. Posteriormente, en 1947 se publicó la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual enmienda el decreto presidencial y permite la operación de casinos.
Según la información publicada, en la actualidad existen en el país 444 casinos que operan y podrán seguir manejando las máquinas tragamonedas hasta que acabe la concesión otorgada por los gobiernos anteriores, aunque ahora será hasta 15 años de duración. Además, hay permisos vigentes para 408 casinos que no operan y que, al abrir, ya no podrán instalar las tragamonedas.
Este asunto es tan turbio que, como se publicó en el número 1885 de la revista Proceso, el gobierno del presidente Calderón otorgó en el último día de su mandato cien permisos más, a lo que acertadamente la revista denominó como la “mafia casinera”.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Dr. Ricardo Tirado, ha publicado en un brillante artículo dando cuenta de los efectos negativos de los casinos: “la experiencia internacional ha mostrado que la instalación de casinos tiene, entre otros, los siguientes impactos negativos como alcoholismo, drogadicción, lavado de dinero, generación y atracción de delincuentes y generación de ludópatas”, con las consecuencias que todos conocemos y muchos defensores de los casinos olvidan.
En la exposición de motivos de la propuesta del presidente López Obrador se expresa: “El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que pueden impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores”.
Inmediatamente han salido los defensores de los casinos que, algunos de buena fe y otros por intereses, manejan cifras y datos de lo negativo que va a ser la medida, sin tener en cuenta que, siendo como somos, un país tan desigual, los juegos de azar afectan, como siempre, a los que menos tienen, que con la ilusión de ganar dinero fácilmente apuestan hasta lo poco que tienen.
El gobierno tiene aquí un papel fundamental a través de la Secretaría de Gobernación, que debe que cumplir a rajatabla con lo que indica la Ley de 1947, cuyo artículo primero dice, a la letra: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”, indicando que será la Secretaría antes mencionada la que autorice o prohíba los juegos.
Estamos, en mi juicio, frente a una contradicción, ya que, aunque dicha ley no menciona a los casinos, muchos de ellos se dedican a lo prohibido sin que la autoridad intervenga o, mejor dicho, se haga de la vista gorda.
Una medida que la autoridad debería imponer sería la prohibición de la inmensa y perniciosa campaña en los medios de difusión de las apuestas. Nada más hay que ver cómo nos inundan, sobre todo en la televisión, antes, durante y después de los juegos de cualquier tipo, con la constante propaganda de conminarnos a apostar por lo que sea.
No es un asunto de decisión personal o de moralidad, sino más bien de proteger a los mexicanos de uno de los factores que más afectan la condición y el patrimonio de las personas. Esperamos que sea el inicio de regresar a lo que, con mucha visión previó, como decíamos, el gran presidente Lázaro Cárdenas hace ya muchos años.
