En mi artículo de la semana pasada comenté que existen dos informes que causan revuelo de primera plana durante varios días, pero que poco a poco se van diluyendo hasta caer en el olvido. El primero fue el de Coneval.
Ahora toca el turno al informe de la tercera etapa de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, presentado la semana pasada por el Auditor Superior de la Federación.
Según dicho informe, las observaciones alcanzan la cifra de 53 mil millones de pesos, mismos que están en proceso de aclaración y que, sumados a los mencionado en las dos primeras entregas que, por mandato de ley, se hicieron en los meses de junio y octubre del año pasado, rebasan los 60 mil millones de pesos.
Independientemente de lo que vaya a ocurrir con las aclaraciones y el posible fincamiento de responsabilidades, los informes señalan problemas que son repetitivos, además de algunos nuevos, y que sería conveniente que las autoridades tomaran en cuenta.
Por ejemplo, el aumento en el mal manejo de los recursos federales por parte de los gobiernos estatales de todos los partidos políticos que, como ya vimos en años pasados, han llevado a la cárcel a algunos gobernadores.
Lo nuevo es que destacan, por su importancia, las obras privilegiadas del actual gobierno, en donde la ASF ha encontrado una buena cantidad de irregularidades, algunas de ellas no monetarias pero que, de cualquier manera, significan violaciones a las leyes en materia de presupuestación, obra pública y adquisiciones, entre otras.
Por ejemplo, hay una unidad de inversiones en la Secretaría de Hacienda ante la cual las diferentes entidades públicas deben someter sus proyectos para aprobación, debiendo cumplir con varios requisitos, sin los cuales la inversión no se autoriza. Se desconoce si las tres obras emblemáticas de esta administración, a saber: AIFA, Tren Maya y Refinería Dos Bocas lo hayan cumplido y, con las observaciones que está haciendo la ASF, todo apunta a que no.
Al haber un manejo oscuro en los datos, se desconoce cuánto están costando en realidad dichas obras. Lo peor es que ya rebasaron (y por mucho) las proyecciones originales, sin que se hayan hecho públicas las justificaciones. Estamos hablando de miles de millones de pesos adicionales para proyectos que, en opinión de la mayoría de los analistas, serán deficitarios. Si estuviéramos hablando de construcción de escuelas u hospitales, el tema de la rentabilidad sería marginal.
Lo que más preocupa es la irresponsabilidad con que se han manejado. Si uno lee con cuidado los informes, ve el gran desaseo, con adjudicaciones directas, sobrecostos y compras a empresas fantasmas o recientemente constituidas recibiendo grandes pedidos. Una vez más, quizá no haya habido corrupción, pero sin duda sí ha habido una gran ineficiencia en el manejo de los recursos de las principales dependencias públicas.
Un buen ejemplo de lo anterior se da en el sector salud, con el desabasto de medicamentos y el manejo de ellos por parte del gobierno con cosas tan simples como no saber la temperatura o el número de lote con los que recibieron varios de ellos. O el lamentable caso, según los medios, de 5.4 millones de dosis de vacunas que el año pasado caducaron en los almacenes gubernamentales.
Como bien dice el Auditor Superior, se está en la etapa de recibir las justificaciones para solventar las observaciones, y en caso de no hacerse, se procedería al fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Lo que deben de tomar en cuenta dichos servidores públicos es que hasta que la ASF no resuelva sobre las aclaraciones que les hagan, la responsabilidad está vigente y esto puede durar meses, en los cuales quizás muchos de los involucrados ya no estarán en el gobierno, pero seguirán siendo responsables. Ojalá y lo tomen en cuenta al firmar documentos.
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