Ser servidor público implica obligaciones y derechos, pero, sobre todo, responsabilidad personal e institucional. Desafortunadamente, lo que estamos viendo actualmente es que, a pesar de que se han documentado errores, omisiones e incluso corrupción, no hay responsables en los altos cargos.
Sin duda, uno de los mayores golpes recibidos es el abandono del servicio profesional de carrera, mismo que apenas estaba en construcción y que ahora ha sido dejado de lado, con la incorporación de personas cuyo máximo mérito es la lealtad y cuya capacidad es mínima, con los resultados que podemos constatar ya a mitad del ejercicio de este gobierno, muchos de ellos funestos.
Desgraciadamente los ejemplos sobran. Mencionaremos algunos que son muestra de lo que ocurre con la no responsabilidad. Quizás el más grave hasta ahora es el de la adquisición de medicamentos que hoy ya se reconoce como un gran fracaso. El problema de tal fracaso es que costó vidas humanas, además de que, según los medios de comunicación, al final el gobierno tuvo que desembolsar más de cuatro mil 500 millones de pesos adicionales y, hasta ahora, seguimos teniendo problemas de abasto en los hospitales públicos.
Fue un error e inútil la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a la que se le pagaron cantidades millonarias sin haber cumplido con su cometido.
Bajo el supuesto de que había corrupción, que no lo dudamos a pesar de que hasta ahora no ha sido denunciado algún servidor público o particular, se destruyó un sistema que más o menos funcionaba y a los responsables de este fracaso nada les ha pasado, sino que han sido promovidos, lo cual es una vergüenza.
Otro ejemplo, también muy publicitado, es el de Segalmex; se habla de más de ocho mil millones de desfalco, lo cual es una cifra inaudita, y uno se pregunta si nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, tanto en la empresa como en los órganos de vigilancia. Una vez más, tenemos solo unos pocos responsables, algunos de ellos fugados y otros promovidos.
Sorprende el caso de la Línea 12 del Metro, en la cual, a pesar de que hubo personas fallecidas, la autoridad prefirió negociar con las empresas privadas cuyos dueños gozan de gran influencia y reconocimiento en la actual administración y no aplicarles la ley como era su obligación. Para no variar, se protegió a algunos de los responsables.
En la actualidad, podemos observar lo que está sucediendo con las Universidades del Bienestar Benito Juárez. Debemos empezar por decir que nadie puede estar en contra de que se aumenten los establecimientos de educación superior ante la falta de apoyo en recursos económicos experimentado por las universidades existentes para el incremento de su matrícula. Lo que preocupa es que ya han pasado tres años y siguen siendo muchas las carencias que tienen, tanto de infraestructura como de personal académico, lo cual les impide estar a la altura de un establecimiento de educación superior que garantice a los estudiantes un mínimo de conocimientos al egresar.
Se menciona que no tiene ni el registro de la Secretaría de Educación Pública, pues no cuentan con su clave de centro de trabajo, lo cual es un requisito indispensable para funcionar como establecimiento educativo. Como siempre, aún no hay a quien responsabilizar de estas situaciones.
Muchos de estos funcionarios improvisados deberían por lo menos tomar un curso de lo que significa ser servidor público más allá de la lealtad, pero sobre todo deberían entender que son responsables de lo que están haciendo y que, aunque pase algún tiempo, serán llamados a cuentas y sancionados si sus actos lo ameritan. No es un problema de buena fe, es un asunto de eficiencia en el servicio público. Eso es lo que la población espera mínimamente.
