Algo raro sucede en varios países de nuestra América Latina, en donde, a imagen y semejanza de algunos europeos, los ciudadanos están rechazando las propuestas de los partidos de izquierda y dando oportunidad a la derecha, la cual, a pesar de haber perdido elecciones, está presionando y limitando las acciones que supuestamente son en beneficio de la población.
En Chile, las grandes esperanzas de abrir las grandes alamedas se están topando con la realidad; el primer gran descalabro fue con el rechazo a la nueva Constitución impulsada por el gobierno y sus partidos aliados, cuando el 62% votó en contra en el referéndum realizado el pasado 4 de septiembre de 2022 y ahora se deja de lado el voto popular para crear un Consejo Constituyente, propuesta que sorpresivamente ha sido apoyada tanto por el partido comunista como por los herederos del nefasto asesino de Pinochet.
Durante esta semana, la derecha se llevó el triunfo en la elección de los consejeros al obtener nada menos que 33 de los 50 escaños, lo cual le confiere todo el poder para redactar el nuevo texto, mientras que el partido del presidente Boric obtuvo 17 votos, lo cuales no le alcanzan para vetar la propuesta que salga y, por más que justifiquen el resultado, en palabras del presidente: “fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre los que pensamos distinto”, es una gran derrota que muestra que el pinochetismo, con su discurso en contra del aborto y los migrantes, sigue vigente en ese querido país.
En Colombia tampoco pintan bien las cosas para el presidente Petro, quien el pasado mes de abril sufrió una derrota en el legislativo, lo que le obligó a pedir la renuncia a todos sus ministros, cambiando a siete de ellos, destacando el hecho de eliminar a José Antonio Ocampo, ministro de hacienda y uno de los hombres más prestigiados en el mundo, quien ha ocupado diferentes carteras e incluso fue secretario ejecutivo de la CEPAL.
Ahí la lucha se da una vez más contra la derecha, apoyada por los grandes intereses oligopólicos privados que quieren echar para abajo todas las modificaciones que se habían planteado en atención de los más desfavorecidos. Poco ha ayudado el gran deterioro que ha sufrido en su nivel de vida la mayoría de la población, derivado de la pandemia y la agresión rusa en Ucrania. El nivel de popularidad del presidente ha caído del 40 al 35 % en tan sólo un mes y su mayoría parlamentaria es de 20%; así no podrá cumplir con las grandes promesas que hizo.
En Brasil, el presidente Lula trae una lucha frontal con el presidente del Banco Central, herencia del bolsonarismo, que insiste en mantener la tasa de interés en casi 14 %, la más alta del mundo, con la justificación de combatir la inflación que cerró en 2022 en 5.79 anual. Lula señala, y con razón, que si no se baja la tasa de interés no habrá inversión y empleo suficientes, peligrando sus planes sociales.
En Bolivia y a la mitad de su gestión, con una situación económica complicada, el presidente Luis Arce, con todo y el apoyo que esta semana le dio públicamente Evo Morales, hoy dirigente del partido de ambos, está teniendo problemas por las críticas de muchos militantes sobre varios de sus ministros que quieren que renuncien, ya que los califican de ortodoxos y, en varios casos, de corruptos.
En Perú ya pocos entienden lo que está pasando. Con cuatro expresidentes en la cárcel, otro de ellos en prisión domiciliaria y uno que se suicidó, Alan García, antes de que lo detuvieran, el tema central es la corrupción habida y que toca tanto a la derecha como a la izquierda.
Lo que está ocurriendo con nuestros hermanos latinoamericanos es verdaderamente grave; las fuerzas de izquierda están divididas y no han podido demostrar que gobernando son una opción válida para acabar con la pobreza y la corrupción.
