Supuestamente, éste será el último presupuesto de egresos que el actual gobierno someta a la aprobación de los integrantes de la Cámara de Diputados. En él se menciona que el gasto neto total será de 9 billones de pesos que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se incrementa en 7.8% con respecto a la estimación efectuada para este año.
El gasto programable será de 6.4 billones de pesos, lo que representa 4% más con respecto al aprobado para este año. Como los más beneficiados destacan el Instituto Nacional Electoral, con un incremento de casi el 80% debido a las elecciones del próximo año, y el Inegi con un 38%, lo cual es una buena noticia.
La Secretaría de la Defensa también tiene un incremento de más del 120%, seguramente debido a la cantidad de obras que le ha asignado la Presidencia de la República; y también tienen buenos incrementos las secretarías de Gobernación y de Bienestar, entre otras. Sirva lo anterior de introducción a este artículo, donde comentaré que, una vez más, la educación superior no es considerada prioritaria.
Se reformó la Constitución Política para realzar la educación superior, sobre todo en los temas de obligatoriedad y gratuidad. Se elaboró y, sobre todo, se aprobó por unanimidad una nueva Ley General de Educación Superior, que también destaca la importancia del sector que hoy tiene más de 5 millones de personas estudiando, tanto en las instituciones públicas como privadas.
Es decir, que el esfuerzo hecho por la SEP, destacándose la subsecretaría de Educación Superior, para atender a millones de estudiantes ha sido un éxito desde el punto de vista normativo. El problema radica en que desde el punto de vista financiero tal esfuerzo proactivo no ha sido correspondido.
En un magnífico artículo publicado en la Revista Nexos, denominado “PPEF 2024: crisis y precarización de la educación superior y la ciencia”, elaborado por Carlos Iván Moreno y Diego Cedillo Morales, ambos profesores de la prestigiosa Universidad de Guadalajara, dan cuenta de cómo ha sido la evolución presupuestal en los años de la actual administración pública del país.
Destacaré algunas de las observaciones más importantes y que muestran lo que decimos al principio sobre la poca importancia que se le ha dado al sector que representa el futuro de México. Escriben que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se mencionó textualmente: “ningún joven que aspire a cursar estudios de licenciatura quedará excluido de la educación superior debido a la falta de plazas en las universidades”. Magnífico objetivo pero que no se cumplió e incluso, encontramos que no conseguimos el pobre objetivo planteado por el gobierno de llegar al 50% de cobertura: este año estaremos llegando al 43.5%. Esto quiere decir que, si los datos oficiales son correctos, de cada dos jóvenes que salen de la educación media superior, solo uno de ellos tendrá acceso a la superior.
Países hermanos, como Argentina y Chile, tienen coberturas por encima del 90% y los brasileños del 55%. Sin duda, era imposible lo mencionado en el Plan de Desarrollo. Quien lo escribió no tenía la menor idea de lo que representaba esta propuesta.
El tema ha sido, como en otros campos, que quien decide en verdad la asignación de presupuestos es la SHCP que, por lo visto, considera que la educación superior no es importante y, en ese sentido, ha otorgado en realidad recursos disminuidos.
Los autores mencionados consideran que “ha sido un sexenio perdido en materia de impulso e inversión para la educación superior y la ciencia”; y coincido con ellos en que esperemos que el próximo gobierno sí tome en cuenta la importancia de este segmento de la educación de nuestro país, tan necesitado de jóvenes preparados.
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