Desde la campaña del actual Presidente se hizo uno de los más importantes compromisos para mejorar la educación superior en dos temas fundamentales: la obligatoriedad y la gratuidad. Para ello se modificó la Constitución Política y se promulgó una nueva Ley General de Educación, así como una nueva Ley General de Educación Superior, las cuales incluyen ambos temas.
Sin embargo, hemos podido constatar que dichas promesas han quedado pendientes en el curso de estos últimos años, así como también en el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023.
La ANUIES, que representa a las universidades públicas y privadas más importantes del país, ha generado diversos documentos que demuestran la urgente necesidad de apoyar a este sistema crucial para el desarrollo de nuestra nación y, sobre todo, para mejorar de las condiciones de vida de millones de jóvenes que desean entrar a estudiar y no encuentran lugares suficientes.
A continuación voy a citar aspectos importantes, todos ellos con datos comprobables en documentos oficiales y que indican en cuál situación nos encontramos.
Hasta la fecha no hay una verdadera política de financiamiento que permita asegurar un crecimiento y desarrollo de este subsistema; se ha incumplido con los montos de inversión pública para la educación superior fijados tanto en la Ley General de Educación (artículo 119), como en la Ley General de Educación Superior (artículo 62), en 8% y 1% respectivamente.
No solo se ha incumplido lo dispuesto por la ley, sino que la inversión en educación superior, ciencia, tecnología e innovación se ha reducido en forma sistemática como porcentaje del PIB; pasamos de destinar el 0.70% en el año de 2015 al 0.55% durante este 2022.
La inversión por alumno ha caído drásticamente: en el año de 2015 era de 70 mil pesos y ahora son 53 mil pesos. A pesar de ello, las universidades públicas han hecho un gran esfuerzo creciendo la matrícula un 19% de 2015 a la fecha, mientras que el presupuesto en el mismo lapso ha caído en términos reales un 13%.
Tan sólo comparemos, en pesos de 2023, el presupuesto destinado a este subsistema: en el PEF de 2015 fue de 62,701 millones de pesos y el Proyecto para 2023 contempla destinar 62 mil 120 millones de pesos, es decir, una caída de casi 600 millones de pesos.
Temas tan importantes como las becas para los estudiantes de escasos recursos, a través de las denominadas becas Elisa Acuña, pasan de tener un presupuesto asignado de 2,473 millones de pesos en 2022, a cero pesos en la propuesta para 2023, es decir, se cancela el programa y se deja a decenas de miles de estudiantes sin este apoyo fundamental en momentos críticos para las familias de menores ingresos.
No ha habido la menor explicación sobre esta cancelación, a pesar de las solicitudes que la ANUIES hizo a la SEP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que no se llevara a cabo. Estamos hablando de becas de 900 pesos, con las cuales los estudiantes al menos tenían garantizado un desayuno o una comida al día.
Los fondos extraordinarios, que para muchas universidades públicas estatales eran fundamentales para seguir avanzando en la atención a millones de estudiantes, no se han tomado en consideración y simplemente no se incluyen de manera suficiente.
Podríamos seguir aportando datos, pero a mi juicio lo más importante es que ni los tres secretarios que ha tenido la SEP ni los rectores ni la ANUIES han podido convencer de la necesidad de apoyar a este subsistema que es la base para el futuro de los jóvenes.
Seguramente la propuesta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será aprobada sin modificaciones y así tendremos otro año perdido para la educación superior, a pesar de las esperanzas que se tenían al inicio de la actual administración.
