Cada vez que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentan alguno de los informes que están obligados a hacer, se desata una serie de comentarios, la mayoría a favor, y luego pasan algunos días y el asunto poco a poco se olvida en los medios y las redes. Desafortunadamente, al parecer también se olvidan las autoridades, para quienes, en lo fundamental, están destinados dichos informes y a quienes les deberían servir en dos temas centrales: el combate a la pobreza y el combate a la corrupción.
En esta ocasión me referiré al informe que recientemente presentó el Coneval sobre el diagnóstico del contexto económico y social en el periodo 2018-2022.
Es interesante que haya presentado el análisis mencionando que ha habido signos de recuperación, a pesar de los condicionantes internos y externos, tales como el Covid-19 y los conflictos bélicos y comerciales a nivel mundial.
El dato más significativo, y al cual se han referido la mayoría de los comentarios, es el que indica que a nivel nacional el porcentaje de población en situación de pobreza ha crecido, pasando de 41.9% a 43.9%, lo que en términos absolutos representa 3.8 millones de personas; y lo peor es que quienes se encuentran pobreza extrema pasaron de ser 8.7 millones a 10.8 millones de personas.
En un gobierno cuyo lema principal es primero los pobres, no se entiende por qué ocurre esto, a pesar de los recursos billonarios que se destinan a la política de desarrollo social, y por qué, hasta esta fecha en que estoy escribiendo este artículo, no ha habido comentarios al respecto de los responsables de los programas.
El documento menciona varias causas posibles, como la de que hay una falta de visión integral de las acciones de desarrollo social, lo cual está originando un crecimiento de las brechas y desigualdades en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos poblacionales, como son los indígenas, donde siete de cada 10 están en pobreza, así como el 50% de las personas con discapacidad o el 38% de los adultos mayores.
Y todo lo anterior contando el flujo de remesas, que ya representa casi la mitad del ingreso de las exportaciones petroleras, la mayoría de las cuales se dirigen a las poblaciones pobres del país; aunque todo apunta a que este año se verán reducidas por el efecto de la inflación en los Estados Unidos y que afecta a los trabajadores que las envían.
Ojalá y el gobierno pudiera hacer una revisión sobre lo que está ocurriendo en uno de sus temas fundamentales, pues todo parece que va a concluir con un mayor número de pobres que el que había cuando inició.
Una de las causas fundamentales, a mi juicio, es el error cometido en la desaparición del servicio profesional de carrera, mismo que, a pesar de todas las críticas y temas de corrupción, tenía idea de cómo funcionaba el gobierno. La famosa frase de: noventa por ciento de lealtad y 10 % de eficiencia ha sido un total fracaso.
Tan solo el ejemplo del abasto de medicamentos, cuyo sistema fue destruido en su totalidad bajo el argumento de una corrupción tremenda, sin que se haya dado a conocer cuántos servidores públicos y empresarios han sido enjuiciados.
Lo que tenemos en el quinto año de gobierno es que sigue el desabasto, el cual incluso ha ocasionado muertes que se podían haber evitado. Y lo peor es que a los responsables se les ha premiado con otros puestos. Sin duda, la falta de conocimientos a veces se ha querido sustituir con las fuerzas armadas pero, de nuevo, sin la menor capacitación de lo que van a manejar.
No era un servicio civil perfecto, pero quienes los han sustituido no han dado los resultados que se suponía iban a tener, y el crecimiento de la pobreza lo demuestra, entre otras cosas.
