Yo no lo llamo militarización, pero sí veo con preocupación la cantidad de actividades económicas, alejadas de sus funciones, que se le están confiriendo a miembros del Ejército mexicano y la Marina, muchas de las cuales requieren de especialización y conocimiento de lo que es un negocio, sin haber comprobado que tengan la mínima capacidad para realizarlas, más allá de la confianza del Ejecutivo Federal. Lamentablemente, esta confianza no basta para proceder de manera eficiente, rentable y, sobre todo, ajena a actos de corrupción.
La imagen que tenemos del Ejército es la de ser los garantes de la paz, apoyo de la población en casos de desastre y, desde años atrás, la de participar en acciones para el combate al narcotráfico, con mayor o menor éxito, pero estaban exentos de la lacra de la corrupción, a pesar de que sus haberes no eran de lo mejor, principalmente en la tropa, entre otras cosas porque no estaban metidos en actividades comerciales.
Todo esto ha cambiado sin el mínimo análisis y hoy tenemos la presencia de los militares, sobre todo de alto rango, dirigiendo lo que se le ocurra al Ejecutivo Federal; desde aeropuertos, aduanas, construcción del Tren Maya, sucursales del Banco de Bienestar, turismo y hotelería, etc.
Y como era lógico, empiezan las denuncias de opacidad, de corrupción y de secrecía sobre cómo están haciendo las cosas. Han tenido que ser los hackers de la conocida “guacamaya” quienes han puesto al descubierto parte de los planes de negocios, principalmente en el campo del turismo, como resultado de manejar los aeropuertos cercanos al Tren Maya. Planes que, por cierto, no se conocen y que deberían ser públicos, además de cumplir con la normatividad de la Secretaría de Hacienda en materia de inversiones, como se le exige a todo el resto de dependencias públicas.
Este último es un tema importante ligado a otro: la situación de excepción que, por lo visto, tienen los militares y marinos para no sujetarse a las disposiciones legales, a pesar de no ser asuntos de seguridad nacional, misma que, según la poca información que se tiene, utilizan frecuentemente, así sea para comprar balastros para el tren, por ejemplo.
También, en medio de este desorden administrativo, que mucho nos va a costar, hay declaraciones que sorprenden, como las de que los recursos que se obtengan de la línea aérea a cargo de la Sedena serían para pagar las jubilaciones de las fuerzas armadas, o que las pensiones militares también serán financiadas con las utilidades del Tren Maya.
Tal decisión daría pauta para que las utilidades de las autopistas se destinaran a pagar las pensiones de los empleados de Capufe, y así podríamos seguir con el resto de empresas públicas que estarían al margen de las disposiciones legales vigentes, creando un problema en donde los más beneficiados serían quienes trabajaran en las empresas rentables, si es que las hubiere. Y la pregunta es ¿sí no hay esas utilidades, que pasaría con las pensiones y las jubilaciones?
Si se da la confianza ciega a los militares, éstos deberían ser los primeros en ser ejemplo de transparencia y cumplimiento de las leyes, tanto en adquisiciones, como en obra pública, y sólo en casos excepcionales utilizar las asignaciones directas o utilizar el recurso de “la seguridad nacional” para evitar la obligación de concursar.
Lo anterior demerita el ejercicio del presupuesto público y la imagen que nuestro Ejército y Marina han logrado mantener a lo largo de varios decenios, dedicados a las actividades para las cuales fueron creados y que de ninguna forma son los negocios dentro de este sistema capitalista tan corrupto, en donde ya frecuentemente están apareciendo notas de posibles actos de corrupción de los miembros de las fuerzas armadas. Situación que considero muy grave para nuestro país.
