En mi artículo de la semana pasada escribí que cada informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) goza de revuelo durante tres o cuatro días y después todo se disipa. Sin embargo, tal y como hemos visto, en esta ocasión no ha sido así, debido a la inconformidad manifestada desde Palacio Nacional hacia una de las auditorías realizadas a la primera cuenta anual del gobierno actual.
El reconocimiento del Auditor Superior de la necesidad de revisar una de las auditorías efectuadas ante la posibilidad de errores, provocó toda una serie de reacciones en contra de él, obligando a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a citarlo a una reunión, la cual se llevó a cabo el lunes pasado.
Hicieron uso de la palabra el Auditor Superior y algunos de sus colaboradores, informando con amplitud la forma en que se llevó a cabo la revisión de la cuenta anual 2019, destacando diversos puntos; mismos que deben ser tomados en cuenta a la hora de juzgar el trabajo ejecutado.
Un resumen apretado indica que se realizaron un total de mil 400 auditorías; 982 de ellas al gasto federalizado, dando como principales resultados 819 pliegos de observaciones en las que hubo presunción de daño al erario público. También 849 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora, 164 solicitudes de aclaración, 77 vistas a las autoridades correspondientes y 386 recomendaciones.
Este inmenso trabajo fue desarrollado por muchos servidores públicos de la Auditoría Superior. Son decenas y decenas de hojas con estos resultados.
Como se ha informado, los entes auditados tienen 30 días, una vez recibidas las comunicaciones de la ASF, para las aclaraciones correspondientes, y la propia ASF tiene 120 días para analizar la documentación enviada y en su caso, rectificar o ratificar lo observado.
En el caso concreto del aeropuerto, que ha sido la causa del revuelo, se informó a la Comisión de Vigilancia que se llevaron a cabo 13 auditorías al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, mismas que según el Auditor Especial de Cumplimento Financiero, representan cerca del 85 por ciento de los contratos celebrados y además, se hizo una auditoría de desempeño.
Con esta perspectiva se desarrolló la reunión con las diputadas y diputados miembros de la Cámara. Las reacciones fueron diversas, pero en general de apoyo al fortalecimiento de la ASF y a la necesidad de que se aclare con toda precisión qué pasó con la auditoría cuestionada. Sólo algunos miembros del partido gobernante pidieron la renuncia del Auditor Superior.
David Colmenares manifestó en sus intervenciones que no está para confrontar ni enfrentar a ningún orden de gobierno, que cualquier ente tiene el derecho de reclamar aclaraciones conforme a la ley y que, en el caso concreto del aeropuerto, se señaló que se cometieron errores, pero lo que hay es una discrepancia metodológica. Para revisar dicha discrepancia ya se han empezado a reunir con los representantes del grupo aeroportuario y la revisión ha sido encargada a otra área de la ASF, la de Cumplimiento Financiero.
Como pasa todos los años, seguramente muchas de las observaciones serán aclaradas y se reducirán los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa. Esto lo sabremos seguramente por los meses de junio y julio.
Lo que podemos destacar hasta ahora sobre lo sucedido, es que sólo se ha cuestionado una de las mil 400 auditorías realizadas, lo cual sorprende dada la magnitud del revuelo generado por el asunto.
Qué bueno que la Comisión de Vigilancia va a citar al responsable directo de la auditoría al aeropuerto para llegar a saber con precisión qué pasó. Será en este momento cuando se sepa si hubo mala fe o no; cualquier propuesta que se haga antes no tiene sentido, más allá del político, que no es el tema de las auditorías.
