Uno de los temas que llama la atención es la enorme riqueza que tenemos en el país en materia de información sobre casi la totalidad de los temas más importantes y que afectan a la mayoría de la población, por no decir que a todos en general.
Tanto dependencias gubernamentales como organismos autónomos y universidades principalmente elaboran de manera permanente análisis, encuestas y documentos sobre asuntos tan fundamentales como población, salud y educación, entre otros, los cuales deberían servir para la toma de decisiones por parte del gobierno. Sin embargo, cuando se analiza el presupuesto de egresos se nota que destinan poco o nada para fijar las prioridades y dejan de lado aspectos que podrían reducir, entre otros temas, la pobreza y la desigualdad.
Recientemente hemos comentado los últimos informes del Inegi, del Conapo, del Coneval, por citar los más importantes. En esta ocasión, quisiera comentar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT), que forma parte del Sistema Nacional de Encuestas de Salud.
Hace unos días, la doctora Teresa Shama, quien tiene a su cargo la encuesta, la presentó en la UNAM y los datos que contiene deberían servir para la toma de decisiones en materia presupuestal, ahora que el Presupuesto de Egresos para 2024 está en debate en la Cámara de Diputados.
El objetivo, según el documento, es actualizar la serie de indicadores selectos sobre las condiciones de salud y nutrición de los habitantes de viviendas particulares. Para esta encuesta, se obtuvo una muestra nacional de 10 mil 160 hogares, que representa a los más de 36 millones de hogares de nuestro país. Es importante señalar que el operativo de campo implicó visitar sus domicilios en cuatro ocasiones.
Entre los hallazgos fundamentales tenemos que para la atención de la salud de aquellos que tuvieron una necesidad, 51 % lo hizo en el sistema público y 49 % lo realizó en el sistema privado. El IMSS atendió a 26 %, la Secretaría de Salud al 20 %, mientras que en el sector privado, 22 % lo hizo en consultorios privados y 18 % en los denominados CAF, que son los consultorios adyacentes a las farmacias, muy cuestionados pero que, como vemos, lo utilizan miles de personas.
Las conclusiones son las que se presumían y ahora se confirman de un sistema fragmentado, con una baja proporción de atención por el sistema público. En el caso de la desnutrición infantil, se encontró que sumando el sobrepeso y la obesidad, de 1988 a 2022 se ha mantenido la cifra en 7.5 %, es decir, no hay avances en resolver este problema. Destaca el tema de la baja talla que afecta sobre todo al Pacífico sur y la península de Yucatán con más de 20 %.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos afecta de manera terrible a los que tienen entre 40 y 59 años, en casi 85 % de los encuestados, y en los mayores de 60 años a 88 %. Del año 2000 a 2022 esta enfermedad ha crecido casi 12 puntos.
Otro dato importante es el porcentaje de adultos que consumen alimentos no recomendables, como las bebidas azucaradas, quienes representan 76 % de los encuestados, y la prevalencia de la hipertensión arterial afecta a 62 %.
La encuesta trae muchos otros datos que sería conveniente que las autoridades en la materia tomaran en cuenta, más allá de opinar que es una encuesta más. Quizás uno de los problemas que se ha tenido en la actual administración, además de los errores por todos conocidos, es que el peso específico de las secretarías de Salud y Educación no han sido importantes en las decisiones presupuestales.
Por ello, es primordial que los diputados conozcan los datos de las últimas encuestas para hacer las modificaciones necesarias y reorientar los presupuestos para atender estas urgentes necesidades, si es que realmente queremos combatir la desigualdad y la pobreza que afectan a mas de la mitad de la población de nuestro país.
