Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción (y en cualquier otro caso judicial), es el llamado “debido proceso”, y hemos constatado en varias ocasiones que si éste no es llevado a cabo correctamente por las autoridades puede ocasionar que el caso se venga abajo. Lo anterior puede suceder por filtraciones, negligencia o porque de manera premeditada no se cumplan ciertos requisitos, algunos tan sencillos como que la autoridad no se identifique plenamente o que firme el documento ostentándose como licenciado sin serlo.
En estos primeros días del nuevo gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tenido importante cobertura de prensa sobre dos acciones que está llevando a cabo. La primera de ellas referente al caso del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al cual públicamente se acusó de violaciones a diversas leyes, pero después de una entrevista con el Presidente de la República nada más se ha sabido. Sería conveniente que, en aras de la transparencia, con el mismo vigor con el que se denunciaron los hechos se aclarara qué pasó.
La segunda acción viene circulando desde la segunda quincena del mes pasado a raíz del segundo comunicado de la UIF en el año, en el cual anunciaron acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal al haber recibido reportes sobre la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, señalando que la universidad en cuestión recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
La UIF precisó que no podía dar el nombre de la universidad involucrada porque afectaba el “debido proceso”. Sin embargo, no pasaron más de 48 horas para que columnistas y portales de internet dijeran que la institución involucrada era la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Posteriormente, la UIF confirmó que se trata de la citada universidad, por lo que habría que preguntarle si después de cinco días ya no se afecta el “debido proceso” al mencionar al centro educativo o algo que llama la atención: ¿cómo se enteraron los columnistas y los portales de cuál era la universidad involucrada, si la información sólo la tenía la UIF?
A raíz de la denuncia han salido abundantes notas sobre el caso, sobre todo tomando en cuenta que el presupuesto de la UAEH no rebasa los mil 800 millones de pesos. El rector ya mencionó que el Patronato de la Universidad es el responsable de las finanzas y los recursos y, en función de ello, ya han surgido varios nombres en los medios, tanto de funcionarios del patronato como de servidores públicos federales del sexenio pasado.
Es urgente que las autoridades lleguen al final de este caso porque se ha prestado para que en varios medios se cuestione a las universidades públicas por la supuesta falta de control de sus recursos, sin tomar en cuenta que los mismos son auditados tanto por los consejos universitarios, como por auditores externos debidamente reconocidos y los informes se entregan a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Una vez que se realizan ambos procesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace las auditorías que considera convenientes.
Es importante resaltar que los estados financieros de la UAEH los tienen las autoridades y ahí se puede verificar también si hubo o no mal manejo de recursos o, de plano, también están involucrados los auditores externos.
Esperemos que ahora que se conoce el nombre de la universidad y se han mencionado los nombres de los posibles involucrados no se haya afectado el “debido proceso” y resulte que no se puede actuar contra ellos porque ya se ampararon y, como ha ocurrido muchas veces, nunca se logre sancionarlos.
