En un artículo reciente mencioné que uno de los temas pendientes en materia de educación es el referente al financiamiento, asunto que es de la mayor importancia. Y en estos días, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), en el que participan autoridades federales, estatales y responsables de los sistemas de educación superior, aprobó un documento muy importante, denominado “Modelo y Política de Financiamiento que Garantice la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior”.
Es un extenso trabajo y, a mi juicio, uno de los más importantes que se han hecho en los últimos años sobre el tema. Me voy a permitir comentar lo que considero que debe ser destacado, porque compromete a las autoridades educativas, ya que fue aprobado por todos los miembros del CONACES.
Parte de un principio básico: no sólo se trata de cumplir con las disposiciones jurídicas, mismas que fueron promovidas y aprobadas por este gobierno, sino que demuestra que ya debemos transitar a otro esquema, pues el actual ya no da para más y mantiene en situación crítica a muchas instituciones del sector, como claramente se lee.
Hay que hacer hincapié en una cosa fundamental para poder avanzar hacia un nuevo sistema de educación superior y es la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a la educación superior, incluidas la obligatoriedad y gratuidad, que fue uno de los compromisos que hizo el Presidente de la República en su campaña y al inicio de su gobierno.
Uno de los temas más acuciantes y que desde hace décadas es una vergüenza en nuestro país es el referente a la cobertura. El actual objetivo del Programa Sectorial de Educación Superior es alcanzar al final del actual gobierno una tasa bruta de cobertura del 50 por ciento. Pensemos tan sólo que, según los datos, el bachillerato ya es universal, es decir, se atiende el 100 por ciento de quienes lo demandan; y resulta que cuando se quieran incorporar a la educación superior, sólo se podrá atender a la mitad.
Países, ya no digamos desarrollados, sino de nuestro continente latinoamericano tienen tasas de cobertura muy superiores a las nuestras, como son los casos de Cuba, Argentina, Chile y Costa Rica, entre otros, y en condiciones económicas más difíciles que nosotros.
El documento menciona que se es consciente de la situación de las finanzas públicas del país, pero que también debería de tomar consciencia de que la educación superior y la ciencia y tecnología no han sido prioritarias en el gasto público, como se ha podido comprobar en los últimos años.
Hay problemas que se han abandonado por años y que ahora ya se convierten en temas acuciantes, como es el caso de la urgente necesidad y revalorización del personal académico, como lo titula el documento, así como el establecimiento de condiciones laborales dignas. También, la mejora y ampliación de la infraestructura de aulas, laboratorios y su equipamiento, y la atención a la crisis económica que están sufriendo algunas instituciones de educación superior.
Como bien se menciona, el modelo “es una invitación a las autoridades políticas a mostrar su compromiso y voluntad para conformar en un diálogo abierto... con plataformas renovadas de políticas de financiamiento que den certeza”.
Se propone una agenda de trabajo con secretarios de Estado, como los de Gobernación y Hacienda y Crédito Público, y con funcionarios de los congresos federal y estatales, y autoridades educativas y hacendarias estatales.
Creo que el documento es atendible y propositivo, por lo que esperamos que las autoridades a las que va dirigido lo tomen en cuenta, sobre todo ahora que se está en los preparativos del Presupuesto de Egresos para el próximo año, en donde veremos qué tanto fue escuchada y considerada esta propuesta del CONACES.
