Entre las propuestas que ha hecho el Presidente de la República se encuentra la de desaparecer varios órganos autónomos, entre los que se menciona al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido popularmente como Coneval.
Un poco de historia nos ayudará a poner en perspectiva de qué ha servido este organismo a los mexicanos. Fue creado en el año 2004 por la Ley General de Desarrollo Social, con autonomía técnica y de gestión; con atribuciones para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social.
En 2006, a raíz de la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determinó la coordinación entre la SHCP y el Coneval, como instancias responsables de la evaluación de la Administración Pública Federal.
En febrero de 2014, con las reformas aprobadas a la Constitución, se agregó un apartado C al artículo 26, dándole al Coneval el carácter de Órgano Constitucional Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Actualmente, sigue siendo un organismo público descentralizado.
Su Comité Directivo está presidido por Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; y está constituido por seis académicos elegidos
democráticamente mediante convocatoria pública, entre quienes se encuentran Claudia Maldonado, Salomón Nahmad, John Scott y Armando Bartra; dos integrantes de la SHCP, entre ellos, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton; el Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva es José Nabor Cruz; y cuenta con un órgano de vigilancia nombrado por la Secretaría de la Función Pública. Todos los datos anteriores son para demostrar que el Coneval siempre se ha ajustado a las políticas públicas y a lo que manda su organización.
Su labor ha sido ampliamente conocida nacional e internacionalmente con reconocimientos y premios de distintas organizaciones y dependencias. No podríamos saber cuál es la situación social que ha prevalecido en México si no fuera por los informes y estudios que periódicamente pone a disposición de todos el Coneval, que sin duda ha sido un insumo fundamental para el diseño y aplicación de varias de las políticas en la materia, de los distintos gobiernos que han tratado con dicho Consejo.
De manera cabal ha cumplido con sus objetivos prioritarios, que han sido y siguen siendo, como lo indican, entre otros: medir la pobreza y el estado del desarrollo para entregar análisis y recomendaciones en materia social; informar con precisión el costo de la canasta alimentaria y la magnitud de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.
El Coneval ha firmado convenios de colaboración con el Inegi para contar con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2022) y llevar a cabo la medición multidimensional de la pobreza durante el ejercicio fiscal del año pasado.
Después de años de un trabajo serio, arduo y responsable, se pretende eliminar de un plumazo a este organismo, pasando las funciones al Inegi. La primera pregunta que surge es: ¿se liquidará a todos los empleados del Coneval?
La segunda es: ¿el Inegi está capacitado y tiene el personal necesario para cumplir con los objetivos que tiene encomendados por ley el
Coneval? Y, sin duda, habrá otras preguntas que sería conveniente saber su respuesta.
En un país con la magnitud de la población en situación de pobreza y con la necesidad de tener políticas adecuadas basadas en información cierta, es muy riesgoso pretender desaparecer al organismo que durante los últimos 20 años ha proporcionado elementos fundamentales sobre el acucioso problema diario de la pobreza.
Esperemos que haya sensatez por parte de la Cámara de Diputados cuando se analice este asunto y no permitan que se elimine a una dependencia que ha servido, y mucho, al conocimiento de la situación en que viven la mitad de los mexicanos.
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