Hemos vivido en el país una semana intensa, empezando con el pasado domingo, cuando se confirmó lo que era obvio: que queremos que el presidente Andrés Manuel termine el mandato para el cual fue electo. Lástima que este ejercicio fuera manchado por tantas violaciones a la ley, sobre todo por aquellos altos funcionarios encargados de hacerla cumplir y no digamos por los dirigentes del partido en el poder, demostrando su desprecio hacia la ciudadanía y la misma ley. Esperamos que este capítulo de violaciones no se repita nuevamente en alguna próxima elección.
Por otro lado, lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados con la ley eléctrica también marca un después en las relaciones de los diferentes partidos con el gobierno, a lo cual se habrán de ajustar todos los involucrados. Pero, una vez terminados estos dos acontecimientos, será necesario que el gobierno cambie su actuar en varios campos, porque la situación económica y social no mejora y, más allá de declaraciones fatuas y sin contenido, no se ve un horizonte claro.
La corrupción, que se presumía que se iba a terminar con la llegada de este gobierno, sigue vivita y coleando; incluso lo reconoció el titular de la Agencia de Aduanas de México en una entrevista en el periódico El Universal el pasado 9 de abril, en donde informó que 15 administradores fueron separados de sus cargos, además de dos mil funcionarios y mencionó que el asunto de la corrupción en Aduanas es “que a todo se le pone un precio….sabemos que un número importante están tocados por esta concepción de que han querido estar allí para hacer negocio personal”.
Otro elemento pernicioso es el crimen organizado que busca obtener ganancias ilícitas, por lo que, sin duda, la presencia del Ejército y la Marina es necesaria. En resumen, sigue habiendo corrupción, lo cual demuestra que este flagelo no se combate tan fácilmente como pensaban y que se necesitan medidas más severas.
Y, para acabarla de amolar, la decisión que recientemente tomaron los talibanes de Afganistán repercutirá sin duda en la presencia del crimen organizado en todo nuestro país. El pasado 3 de abril, su dirigente Hibatulá Akhundzada publicó un decreto prohibiendo el cultivo de la amapola, bajo amenaza de que quién viole el decreto será juzgado según la sharia, la ley islamita que utiliza con frecuencia la decapitación como sanción.
Afganistán es el primer productor del mundo de amapola, de la cual se extrae el opio con el que se produce la heroína. Este hecho va a repercutir bastante en nuestro país debido al papel que juega el crimen organizado en este tema y debería ser de primordial atención por parte de este gobierno, como decíamos arriba, una vez tranquilo con la ratificación.
Día con día crece el tamaño del territorio controlado por los diferentes cárteles de diversas formas, desde la más suaves, a través de los funcionarios públicos de los distintos niveles, hasta las más violentas, con desalojos y huida de ciudadanos de sus propiedades por temor a ser asesinados si no aceptan las condiciones de los indeseables.
Cada día leemos hechos terribles, ante los cuales pareciera que las autoridades están pasmadas o peligrosamente de acuerdo con los narcotraficantes. El gran peligro que tenemos enfrente es la posibilidad de que nos convirtamos en un narcoestado, por la debilidad en este tema de las instituciones públicas, civiles y militares, para combatir al crimen organizado. Los gringos ya dicen que una tercera parte del territorio está controlado por estos criminarles.
Quizás es hora de que las fuerzas armadas dejen de distraerse construyendo obras civiles y de hacerse cargo de asuntos públicos ajenos a su labor y se dediquen en cuerpo y alma a combatir este flagelo. Si se deja que las cosas sigan así, nos arrepentiremos todos.
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