La semana pasada, en la Cámara de Diputados se celebró una reunión de los miembros de la Comisión de Presupuesto con los rectores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con el fin de recibir las peticiones de recursos adicionales necesarios para el funcionamiento mínimo de las universidades, principalmente las estatales, ante el incomprensible Proyecto de Presupuesto enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Decimos incomprensible porque pareciera que los servidores públicos de la SHCP están al margen de las disposiciones jurídicas recientes que se han ocupado de la educación superior, empezando por la reforma constitucional al artículo tercero que establece la obligatoriedad y gratuidad de este sector, agregando que la obligatoriedad corresponde al Estado.
Asimismo, en el decimoquinto transitorio del Decreto de la Reforma Constitucional, a la letra, se indica que “Con la finalidad de dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federales... Asimismo, de igual forma, se establecerá un fondo especial que asegure a largo plazo los recursos económicos crecientes para la prestación de estos servicios y la plurianualidad en la infraestructura”.
Hay que tomar en cuenta que el tema de la obligatoriedad y la gratuidad fue propuesto por el Presidente de la República, lo cual era una excelente medida.
Sin embargo, en la realidad, la SHCP presupuestó cero recursos para dichos compromisos, lo cual ha desconcertado a los rectores e imagino que también a los servidores públicos de la SEP, quienes incluso han estado buscando la manera de echarlo andar de forma gradual.
Pero no sólo omitieron presupuestar recursos para este fondo, también se afectaron a otras partidas de la educación superior, dando a entender que, por lo visto, no es un tema prioritario para este gobierno, a pesar de las declaraciones al respecto.
Ejemplo de ello es que nada presupuestaron para la atención a los problemas estructurales de algunas universidades estatales afectadas por los sistemas de pensiones, plantillas de trabajadores no reconocidas y adeudos con las instituciones de seguridad social. Dichas universidades han venido realizando un trabajo serio en el tema, y con recursos adicionales hubieran salido de un problema que han heredado de varios años.
En resumen, la ANUIES presentó una solicitud de recursos adicionales por 17 mil 230 millones de pesos, que incluye establecer el Fondo de la Obligatoriedad y Gratuidad para el año 2020, con 7 mil 678 millones de pesos.
La reunión fue encabezada por el diputado Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, y estuvieron presentes, además de varios diputados de esa comisión, la diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, y los coordinadores de las bancadas de Movimiento Ciudadano, diputado Tonatiuh Bravo Padilla, y de Acción Nacional, diputado Juan Carlos Romero Hicks.
Varios rectores intervinieron y, al final, los diputados manifestaron su apoyo a la petición de la ANUIES, esperando que se consigan los recursos solicitados. El diputado Ramírez Cuéllar propuso que antes de aprobar el presupuesto sería conveniente realizar una Convención Nacional Universitaria para poner sobre la mesa los principales problemas que se acarrean en la educación superior en todos los ámbitos y que al mismo tiempo hubiera propuestas de solución a ellos, para evitar que continúe la peregrinación anual de los rectores a la Cámara de Diputados.
La propuesta fue aceptada y se invitará a servidores de las secretarías de Hacienda y Educación a participar, pues se considera que también son parte de la problemática y de la solución.
Esperemos que los diputados puedan asignar los recursos solicitados por la ANUIES.
