El mes pasado escribí sobre las compras consolidadas, especialmente sobre la que está efectuando el gobierno con la agencia especializada de la ONU, denominada UNOPS, por sus siglas en inglés.
Recientemente, columnistas y periodistas de varios medios de comunicación han manifestado gran preocupación por el desabasto generalizado de medicamentos que puede enfrentar nuestro país, debido a errores cometidos en esa compra consolidada. Es necesario insistir en la gravedad de la situación porque estamos hablando del servicio público de salud, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta los hospitales más pequeños, como pueden ser los de la Secretaría de Marina.
Hasta la fecha no hay una respuesta clara del gobierno sobre la veracidad de lo que se ha escrito o sobre las investigaciones hechas por miembros de organizaciones no gubernamentales, como el proyecto “Cero desabasto”. No han dicho si es verdad o si se trata de una equivocación, aunque sea parcial. Y es preocupante el desinterés en un tema tan relevante.
A mi juicio, el origen de todo radica en el terrible error de haber encargado las compras consolidadas a la Oficialía Mayor de la SHCP, sobre todo considerando que las y los funcionarios de esa dependencia apenas estaban entrando a laborar en un área que desconocían. Sabemos poco sobre las compras realizadas, ya que para no variar, han incluido la opacidad. Por ejemplo, ahora tampoco se podrá conocer quiénes compraron esos medicamentos y a qué precios.
Incluso modificaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para no someterse a esta norma jurídica cuando se realicen compras a organismos intergubernamentales, como la UNOPS.
Con todo y la secrecía que han tratado de mantener sobre esta adquisición —que por cierto no es la más cuantiosa para la UNOPS, pero sí la mayor en cuanto a la variedad de productos—, ya sabemos que cobrarán por la intermediación 135 millones de dólares. También que han tenido problemas para conseguir la totalidad de los medicamentos y material de curación solicitados, llegando al absurdo de que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) mandó un comunicado en febrero pasado para que las dependencias los consigan. Es decir, “vayan a la farmacia de la esquina y cómprenlos con su dinero”. Así de fácil e increíble la instrucción del organismo público.
Al cuello de botella que es la adquisición se agregan el almacenamiento y la distribución en todo el país, para lo cual una vez más, el ejército mexicano construirá los almacenes y la distribución la realizará la empresa paraestatal BIRMEX, la cual está desmantelada. No entendemos cómo le harán para realizar dicha labor, que incluye la compra de los camiones, la contratación del personal, la logística de entrega, etcétera.
Además, como bien escribe Ruth Rodríguez, en Excélsior, los medicamentos vienen en sus envases originales y en el idioma de países como Israel, India, Rusia, Corea. ¿Van a hacer traducción y la pegarán al envase original?
Todo este desbarajuste ha sido en base a que según lo dicho, había una gran corrupción y era necesario poner un alto. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún servidor público ha sido denunciado ni sabemos de procesos en contra de las empresas farmacéuticas o distribuidoras privadas.
La Auditoría Superior de la Federación dictaminó, en febrero pasado, que “debido a la mala coordinación entre la SHCP y la Secretaría de Salud no se propiciaron las mejores condiciones de compra para el Estado ni se garantizó el cumplimiento del derecho de protección a la salud de la población”.
Urge que el gobierno recapacite y logre abastecer en tiempo y forma los insumos de salud para los hospitales públicos, porque entre otras cosas, ya no le podrán echar la culpa a nadie más.
