Hace 10 años fue el movimiento denominado en inglés Occupy Wall Street el que dio la vuelta al mundo y cambió muchas cosas en Estados Unidos. Al parejo de este movimiento, se creó otro denominado Occupy Student Debt Campaign, cuya preocupación era la imposibilidad de pagar los créditos estudiantiles y que sus deudas deberían ser canceladas. En esa época la deuda era ya de 900 mil millones de dólares y, por supuesto, no tuvo el menor éxito en el Congreso, cuando mucho, algunos diputados dijeron “es una excelente idea, pero nunca se llevará a cabo”.
Según las informaciones, hoy la deuda de los estudiantes rebasa el trillón de dólares y el presidente Biden hizo la promesa de campaña a los estudiantes de que cancelaría parcialmente dichas deudas con un proyecto que implicaba cancelar 435 mil millones de dólares a cerca de 43 millones de estadounidenses.
El esquema era cancelar 10 mil dólares en deuda a aquellos ciudadanos que ganaran menos de 125 mil dólares o familias cuyos ingresos en conjunto no rebasaran los 250 mil dólares. Incluso puso como ejemplo que hasta uno de sus hijos, graduado de las universidades de Georgetown y Yale, debía 142 mil dólares.
Todo iba bien, hasta que varios estados gobernados por republicanos impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de ese país la propuesta de Biden, que se basaba en una ley posterior al 11 de septiembre que otorgaba al secretario de Educación el poder modificar los programas de préstamos estudiantiles durante la campaña nacional de emergencia.
La semana pasada la Corte falló en contra del Gobierno en una decisión 6-3, argumentando que el Presidente y el secretario de Educación habían excedido sus facultades y se debería obtener la autorización del Congreso para hacer dicha medida. No extraña la decisión de la Corte, que ha estado fallando en contra de varias acciones afirmativas aprobadas años antes, como las del aborto, las armas de fuego, la lucha contra el cambio climático y, actualmente, la llamada discriminación positiva por raza que garantizaba mayor diversidad en las universidades privadas que también ha eliminado.
El presidente Biden ha reaccionado con enojo diciendo, entre otras cosas, que “este tribunal no es normal”, “la hipocresía es impresionante”, pero ha indicado que “la decisión de hoy cierra un camino, Ahora vamos a seguir otro. Nunca voy a dejar de luchar por vosotros”. Si bien son excelentes palabras, millones de estudiantes están temerosos porque la pandemia suspendió y congeló los pagos a los bancos de los préstamos estudiantiles pero, si no pasa nada en el próximo mes de agosto, se deberán reiniciar los pagos a partir de septiembre próximo.
Marco Antonio Montero escribió en la página del IADE de Argentina que la deuda estudiantil es la nueva bomba de tiempo del sistema financiero, dando datos como que la morosidad de la deuda estudiantil llega al 11 %, más de 100 mil millones de dólares, que incluso rebasa a la morosidad de las tarjetas de crédito, y menciona claramente el por qué es una bomba de tiempo debido a que el 70 % de los graduados en mayor o menor medida tiene deuda estudiantil, lo que se junta con los recortes presupuestales debidos a la pandemia que han aumentado los costos de matrícula, y cada día aumenta la petición de las familias por préstamos mayores para financiar su educación.
Como bien dice John Cassidy en el New Yorker Daily, “el sistema de préstamos para financiar la educación superior está roto” y los bancos “ofrecen préstamos sabiendo muy bien que nunca podrán pagar dichos préstamos”.
Afortunadamente en México no tenemos este problema, aunque queda pendiente por parte de este gobierno el cumplimento de la promesa presidencial, reflejada ya en la Constitución y las leyes de educación: la creación de un fondo para la gratuidad en la educación superior pública.
