La mejor demostración de que el actual sistema económico es una afrenta para la mayoría de la humanidad está en lo que ocurre con la pandemia, donde unas cuantas empresas farmacéuticas multinacionales, no más de 10, tienen al mundo pendiendo de un hilo, debido a que son dueñas de las patentes de las vacunas y ponen los precios y tiempos de entrega que quieren. El mejor ejemplo es el de Pfizer, a quien se le ocurrió cambiar la sede de producción, resultando en el retraso en la entrega de las vacunas comprometidas.
Además hay que tomar en cuenta que la mayoría de las vacunas de las farmacéuticas privadas han tenido financiamiento de los gobiernos. Un ejemplo es el caso de Moderna, que ha recibido millones de dólares del gobierno estadounidense para el desarrollo de las tres fases necesarias.
En una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año pasado, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dijo que era necesario declarar a las vacunas un “bien público mundial” para garantizar la salud pública global, prometiendo que todas las que su país elabore tendrían ese carácter.
Le siguieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea en Bruselas, Ursula von der Leyden, es decir, tres de los principales líderes mundiales, pero hasta hoy el asunto ha quedado en suspenso.
Estamos frente a una decisión fundamental del desarrollo del sistema capitalista, pero también y quizás lo más importante, del desarrollo de la humanidad. Así lo consideran cada día más organizaciones como la francesa denominada Los Economistas Aterrados, que está totalmente de acuerdo en suspender los derechos de propiedad y patentes de las vacunas y que la fabricación se realice en todo el mundo por aquellas empresas que puedan hacerlo.
Esta organización francesa se muestra sorprendida de que los gobiernos nacionales tengan miedo a los lobbistas de las empresas farmacéuticas y que dependamos de un ínfimo número de ellas para una cuestión de carácter mundial.
Se sabe que dentro de la Organización Mundial de Comercio existe una disposición jurídica denominada “licencia obligatoria” que permite a los países, principalmente a los más importantes, imponer a la industria farmacéutica medidas para suspender los derechos de propiedad y patentes cuando la situación lo amerita, como es esta pandemia, y pagarles sólo el costo de producción.
Incluso se menciona que las patentes de medicamentos no existían en los años 60 del siglo pasado y que se permitía que los países pobres —los del sur en términos generales —, pudieran hacer copias más económicas y de igual calidad, hasta que las farmacéuticas impusieron su ley.
Según declaraciones de la conocida ONG OXFAM, al menos 67 países, los más pobres del mundo y que representan el 16 por ciento de la humanidad, no podrán vacunar a sus habitantes durante este año.
Estamos, como bien dice la directora de redacción de Le Nouvel Observateur, Cécile Prieur, ante el virus de la desigualdad. Por un lado, los más ricos han aumentado enormemente su fortuna y por el otro, los más pobres han perdido lo poco que tenían. Pone de ejemplo al señor Elon Musk, dueño de Tesla, quien ha obtenido en los últimos doce meses la friolera de 5,327 dólares cada segundo.
Hay decisiones que se tienen que tomar a nivel global, si se quiere que este sistema continúe más o menos funcionando. Hay que aumentar los impuestos a los más ricos, porque es insultante que con lo que están sufriendo millones de personas ellos sigan ganando no solo igual, sino más, y es urgente tomar la decisión de declarar a las vacunas como un “bien público mundial” para de esta manera atender a las naciones pobres que sin esta decisión, quién sabe cuándo se vacunarán y a qué costo.
