La situación económica del mundo empezó a complicarse a partir de 2008; posteriormente, se vio agravada con la pandemia de Covid-19, misma que todavía no acaba y, lo que faltaba, la brutal agresión de Rusia sobre Ucrania.
Todo ello ha generado precarización, desempleo, inflación, colapso de los sistemas públicos de salud y un ambiente de angustia para millones de seres humanos en el mundo. Ante ello, pareciera que los gobiernos y los organismos internacionales dan tumbos o simplemente están rebasados.
Y, una vez más, la propuesta de Ingreso Ciudadano Universal (ICU) o Renta Básica Incondicional (RBI) cobra fuerza y adeptos en muchos lugares, incluso en varias partes de Europa en donde se suponía estaban protegidos con sus políticas sociales de bienestar generalizado.
En España, por ejemplo, principalmente en las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña, hubo avances importantes a tomar en consideración. En la primera de dichas comunidades lograron más de 22 mil firmas, es decir, más del doble requerido para que la iniciativa legislativa popular que proponía la RBI pasara a ser una propuesta de ley a debatir y ser votada en el Parlamento Vasco.
Y aunque fue derrotada, según sus proponentes, permitió ampliar el conocimiento de la población sobre la urgente necesidad de contar con un instrumento ambicioso para combatir la pobreza de manera efectiva y, como dijo en la discusión la diputada Itziar Guerendiain, se trata de “desmercantilizar el derecho a una vida digna, se trata de ampliar el marco de lo que es posible. De combatir la pobreza, pero no aceptándola y subsidiándola, sino atendiendo a sus causas y evitando su aparición”.
Por otro lado, en Cataluña se realizará un plan piloto para evaluar el potencial de implantar la Renta Básica en toda la comunidad, atendiendo a los principios de individualidad, incondicionalidad y universalidad. En varios países se han hecho pruebas piloto, pero focalizándose en los destinatarios. Por ejemplo, en Finlandia se centraron en personas desempleadas; en Ontario, Canadá, en personas de bajos ingresos y, en la propia Barcelona, en familias vulnerables, pero ésta será la primera vez en Europa que sea para todos.
En otras regiones del mundo ya se aplica parcialmente el ICU, como por ejemplo en África oriental, donde una ONG ha distribuido millones de dólares, depositando directamente en las cuentas bancarias de agricultores pobres de Kenia, Ruanda y Uganda, y en Brasil se redujo la pobreza del 9.7 al 4.3 durante el mandato de Lula con su “Bolsa Familia”. Recientemente, Chile aprobó una Pensión Garantizada Universal a los mayores de 65 años que no sean parte del diez por ciento de la población de mayores ingresos.
El modelo chileno está basado en el mexicano implantado por el presidente López Obrador, quien lo estableció siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ahora lo ha generalizado a todos los habitantes del país que tengan 65 o más años.
Se trata quizá de la principal gran medida de este gobierno en materia de combate a la pobreza y en abono al ICU en los términos que debe ser, ya que cumple con los requisitos básicos: es incondicional, personal y universal. Se ha eliminado la insultante declaración de reconocerse como pobre para recibir el apoyo y se ha eliminado la elaboración burocrática de padrones, sujeta a todo tipo de corrupción. Así, las personas que se dedicaba a estas labores ahora pueden realizar otras más importantes.
Como decíamos líneas arriba, la situación actual de millones de personas es terrible y no se ve para cuándo pueda mejorar; las expectativas económicas son preocupantes y los efectos de la guerra rusa cada día son peores.
Por lo anterior, los gobiernos deberían tomar en cuenta esta propuesta como una solución inmediata para garantizar el principal derecho humano: el de la subsistencia.
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