Con la decisión sobre la Guardia Nacional cada día es mayor la preocupación manifestada por ciudadanos, comentaristas y columnistas sobre el papel que están jugando las fuerzas armadas en nuestro país, quedando ya en el olvido la promesa del Presidente de la República durante su campaña, en donde ofreció que devolvería al ejército a sus cuarteles.
Vemos con preocupación la cantidad de acciones que hacen y que en algunos casos no les corresponden, como puede ser su participación en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y varios tramos del Tren Maya; la construcción de oficinas del Banco del Bienestar; el control de las aduanas terrestres y marítimas, y podríamos seguir.
Una de las cosas que se está obviando es la paulatina y creciente destrucción del servicio civil de carrera, evitando la promoción de personal civil al sustituirlo por mandos militares sin ninguna explicación, más allá del supuesto combate a la corrupción.
En lo que va de la presente administración han desaparecido casi dos mil plazas de nivel dirección y se ha impedido que mandos subalternos puedan ser promocionados ocupando plazas de mayor nivel.
Habría que destacar que ya hay varios casos de denuncias sobre acciones irregulares de las fuerzas armadas que, dado el secretismo basado en la supuesta “seguridad nacional”, impiden conocer cómo decenas de adquisiciones y obras se asignan directamente a empresas privadas.
Un problema crucial es mezclar a los militares en negocios, con el peligro de que ahora también se contaminen de hechos corruptos, lo cual sería gravísimo para la imagen y la gobernanza del país.
Muchas de las actividades en que se están involucrando no tienen sustento legal. Un ejemplo de ello es la propuesta, no muy clara, de que las utilidades del tren y de los aeropuertos serán destinadas a financiar las pensiones y jubilaciones del personal militar, lo cual podría dar paso a que los trabajadores de Caminos y Puentes Federales también pidan que las utilidades del órgano desconcentrado se destinen a pagar sus pensiones y jubilaciones.
Hasta ahora, este país maneja sus gastos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación elaborado por la SHCP y es bajo este esquema que los ingresos de las empresas públicas pasan para su distribución, una vez aprobado por la Cámara de Diputados, y no puede ser una decisión presidencial la que cambie su destino.
Alejandro Hope, quien es un experto en el tema, ha escrito en El Universal varios artículos e incluso ha propuesto diversas acciones para corregir esta tendencia a la militarización creciente en México.
Algunas de sus propuestas son de sentido común y sería lógico que fueran tomadas en consideración, como son el crear un Servicio Nacional de Policía; la transformación de las policías municipales en órganos desconcentrados; el establecimiento de un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Seguridad y Justicia, siguiendo el esquema de Coneval, y otras interesantes.
Inclusive, leemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con base en la experiencia de lo ocurrido en su país, ha propuesto que los militares dejen de efectuar acciones de policía y éstas pasen de nuevo a los civiles. Ese país es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir al desviar a los militares de sus acciones fundamentales establecidas en la Constitución.
Porque no hay que olvidar que las fuerzas armadas no hacen las obras o producen lo que se necesita para estas acciones, sino que subcontratan a particulares y ya estamos leyendo que algunas de esas decisiones han sido para empresas fantasma o con poca capacidad.
Insisto en que nos puede salir muy caro para la estabilidad que necesita el país. Ojalá y el gobierno pueda recapacitar y definir claramente el rol de las fuerzas armadas en una democracia, antes de que sea demasiado tarde.
