La desorganización y la falta de recursos son los principales frenos a los protocolos de protección a periodistas en México, en donde sólo 12 entidades del país cuentan con alguna unidad local que trabaja de manera coordinada con el gobierno federal, el resto tiene que operar sin dinero o personal suficiente, así lo revela el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Este reporte destaca que al ser un programa bajo la supervisión exclusiva de la Secretaría de Gobernación se “transfiere toda la responsabilidad de protección al gobierno federal”, lo que excluye a las autoridades locales y retrasa la implementación de medidas urgentes en la mayoría de los casos.
Además, los especialistas resaltan que las autoridades de todos los niveles juegan un papel determinante en la violencia que sufre actualmente la prensa en el país al atacar constantemente a los medios de comunicación críticos, una práctica que se popularizó en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Los expertos que evaluaron el protocolo de protección a periodistas en México destacaron que “la coordinación profundamente defectuosa entre las diferentes agencias estatales y la impunidad para quienes atacan a los periodistas limitan la capacidad del Estado para abordar la violencia arraigada contra los medios”.
El análisis señala que el mecanismo federal de protección a periodistas está “demasiado aislado”, y tiene poca capacidad operativa al contar con 45 empleados para alrededor de mil 500 personas en este programa, lo que “es una traba evidente para la eficacia de las medidas de resguardo que pueden tardar hasta un año antes de ser aplicadas”.
Un total de nueve periodistas han sido asesinados en la última década a pesar de estar dentro de este mecanismo federal, una cifra que demuestra las principales fallas de este programa, y demuestra que las “responsabilidades de protección deben estar distribuidas entre todos los niveles de gobierno”.
Por otra parte, el análisis de RSF destaca que “los escoltas, como los analistas de riesgos, están poco formados sobre cuestiones relativas a igualdad de género o sobre las especificidades regionales de las zonas sobre las que actúan”, por lo que hace falta un mayor involucramiento de agentes locales que puedan garantizar una mejor protección.
Los especialistas de esta organización consideran que es urgente “incrementar significativamente” el presupuesto de funcionamiento de este mecanismo no sólo para contratar más personal, sino para asegurar una formación continua en protocolos adecuados de protección para estos grupos prioritarios.
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