La sentencia es la primera de cuatro acusaciones de corrupción que pesan sobre Baldetti, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Guatemala (2012-2015). Baldetti “participó y lideró" la “red criminal” para “defraudar al Estado de Guatemala”, determinó el juez Pablo Xitumul que la sentenció a 15 años y seis meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, luego de cuatro meses de juicio por el caso revelado en febrero de 2016. El tribunal estableció penas entre 3 y 15 años y medio contra Baldetti y otras nueve personas por tejer, entre 2014 y 2015, una red para el desvío de unos 2,5 millones de dólares de los 18 millones destinados a la compra de una fórmula química para descontaminar el Lago de Amatitlán, 20 km al sur de la capital. Baldetti, vestida completamente de negro, escuchó sin mayor sobresalto la resolución judicial y se negó posteriormente a dar declaraciones a la prensa. Entre los condenados se encuentra Mario Baldetti, hermano de la ex vicepresidenta, sentenciado a 13 años de prisión por facilitar, sin ser funcionario público, la adjudicación anómala del proyecto a la firma M. Tarcic Engineering Limited, del empresario argentino-israelí Hugo Roitman, castigado con 11 años de cárcel. Los otros involucrados son principalmente exfuncionarios del gobierno que participaron en el proyecto denunciado en su momento por ambientalistas, que alertaron que la fórmula era agua con sal; tres sindicados fueron absueltos pero el tribunal ordenó a la fiscalía investigarlos por lavado dinero.
Lucha contra la corrupción
Baldetti, de 56 años, renunció a la vicepresidencia en mayo de 2015 luego de que la fiscalía y una misión antimafias de la ONU la señalaron de dirigir un fraude en las aduanas nacionales. Tres meses después fue arrestada y enviada a prisión preventiva. Era vicepresidenta del entonces mandatario Otto Pérez, quien renunció en setiembre de 2015 también salpicado por el fraude en las aduanas, y desde entonces se encuentra en prisión preventiva a la espera que se inicie el juicio por ese caso. La ex vicegobernante además es procesada por la entrega de un contrato portuario por medio de sobornos y un esquema para blanquear fondos de campaña y de gobierno. “La lucha contra la corrupción y la impunidad SÍ es posible!”, señaló en su cuenta de Twitter el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, que apoyó a la fiscalía con la investigación. Por su lado, la exfiscal general Thelma Aldana, quien reveló el fraude junto con Velásquez, señaló en la misma red social que la sentencia “es un gran aliciente para quienes trabajamos por la justicia”. Aunque el acompañamiento de la Cicig al Ministerio Público ha sido clave para destapar varios casos de corrupción, la misión dejará de funcionar en setiembre de 2019 luego de que el presidente Jimmy Morales se negara a pedir una nueva ampliación del mandato. Morales, un excomediante de televisión de 49 años, sostiene que la Cicig sobrepasó sus funciones y el gobierno no permitirá el reingreso a Guatemala de Velásquez, considerado por la administración como una amenaza a la paz. La Cicig y la fiscalía han pedido en dos ocasiones quitar los fueros del presidente Morales para investigarlo por sospechas de financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en 2015, el derechista FCN-Nación. Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, señaló a la AFP que la condena es “importante” porque el tribunal reconoció que la Cicig “colaboró de forma contundente” en la investigación. “Esto indica que esta institución (Cicig) continúa siendo necesaria para que este tipo de condenas se lleve a cabo”, indicó Cux.
Narcotráfico
Además de los procesos abiertos por corrupción, la ex vicepresidenta también enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos que la acusa de narcotráfico. En junio de 2017, Baldetti aceptó ser extraditada ante la justicia estadounidense para demostrar su “inocencia” durante una audiencia en un tribunal que aprobó el pedido, que solo se puede cumplir hasta que la sindicada solvente su situación legal en Guatemala.
