Rosario Piedra desaparece oficina especial para el caso Iguala

Con una evidente falta de exactitud sobre cómo ocurrió el ataque y desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, y las propias investigaciones y conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras cuatro años de trabajo, la actual titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra ordenó la desaparición de la Oficina Especial para el llamado ‘Caso Iguala’.

A través de un escueto comunicado, la CNDH anunció que por instrucciones de su titular, la investigación que inició la oficina a cargo de José Trinidad Larrieta Carrasco, que se creó el 18 de diciembre de 2014, es decir 83 días después de la desaparición de los normalistas, sería turnada a la Dirección General de la Primera Visitaduría a fin de valorar el alcance de las investigaciones y, principalmente, encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión de las investigaciones.

Sin hacer mención de las conclusiones y hallazgos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo sobre del caso en la administración anterior, que el 28 de noviembre de 2018 presentó en un informe de 2 mil 200 fojas que incluía 220 propuestas de investigación sobre los hechos, y 120 puntos recomendatorios para las autoridades de todos los niveles involucradas.

La nueva dirigencia encabezada por Piedra Ibarra reiteró que, la recomendación 15VG/2018, -que realizó la administración anterior-, “sería analizada junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos con la finalidad de valorar el alcance de la misma y principalmente encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión de las investigaciones”.

Aunque desde el anuncio de su creación, el extitular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez estableció que el entonces titular de la oficina especial debía mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las ONG, nacionales e internacionales para brindar la atención prioritaria del asunto; así como integrar el expediente de queja con la información de toda autoridad que debe proporcionarla y el análisis del contenido de las averiguaciones previas, tanto federales y locales abiertas.

Contradicciones

En su boletín de este martes, la CNDH imprecisa el contexto del caso al asegurar que la oficina especial fue creada como parte de las investigaciones sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 “cuando 80 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero camino a Ciudad de México, fueron interceptados y uno de los vehículos, con 43 de los normalistas, desapareció tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada”.

Pero, el avance de las indagatorias en los reportes preliminares que la propia CNDH dio a conocer desde julio de 2015 sobre el caso Iguala es que no fueron dos sino al menos cinco autobuses, y evidencias de un posible sexto que no fue investigado, los que conformaron la caravana de normalistas que no iban en dirección a la ciudad de México, como también asegura el comunicado, sino que se dirigían a la ciudad de Iguala, Guerrero; los normalistas habrían sido agredidos por autoridades y policías de Iguala y Cocula, en colusión con miembros de la delincuencia organizada, en diversos momentos y a bordo de distintos autobuses, y no fueron llevados los 43 que permanecen desaparecidos a bordo de un solo autobús, como señala el organismo en contradicción con sus propias pesquisas.

“La titular de la CNDH, instruyó a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos completar el seguimiento de la recomendación y dio a José Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría, la encomienda de acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa”, concluye el comunicado.
En noviembre de 2019, a unos días de dejar la presidencia de la CNDH, ejecentral entrevistó a Luis Raúl González Pérez y se le cuestionó si no le preocupaba que como institución se desestimara o perdiera el precedente hecho sobre el caso Iguala, esta fue su respuesta:

“Debo de reconocer lo que el equipo de trabajo (Oficina Especial del caso Iguala), así como las distintas visitadurías hizo. No me alcanzaría el tiempo de esta entrevista para reconocer lo que cada uno hizo, su titular y el equipo de trabajo se dedicaron cuatro años; ¿por qué cuatro largos años? Desde luego que a mí me hubiera gustado salir antes, no salió antes ni después sino cuando estuvo la recomendación, pero yo quiero que se asomen a quienes nos leen o ven esta entrevista a lo que constituye un concentrado de información en dos mil 200 páginas, que es la mayor sistematización que existe del caso Iguala”.

Y añadió, “condensa, lo digo sin tapujos, el análisis de un millón de fojas. No hay declaración, ampliación de declaración, peritaje que no hayamos revisado, contra todas las dificultades que nos enfrentamos, como el ir a copiar las actuaciones a la PGR. Y ahí hay una hoja de ruta: 220 propuestas de investigación, 120 puntos recomendatorios, ocho copias a la autoridad para detonar las acciones a diferentes autoridades y ahí está”, sostuvo el exombudsman nacional.

Al intentar consultar la Recomendación, anexos y evidencias a las que la CNDH llegó sobre el caso Iguala el link en la página de internet del organismo indica que el portal está en construcción, por lo que dicha información no pudo ser consultada.

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