Desde julio del año pasado, Rosa Icela Rodríguez diseñó una estrategia de investigación para desentrañar lo que pasaba al interior del ISSSTE. Las denuncias que llegaban eran muchas y muy diversas: contratos irregulares por sobrecosto y mala calidad o sin entrega de productos; equipos sin funcionar ni servicios de mantenimiento óptimos; venta de plazas, venta de incapacidades médicas y de semanas para acelerar las jubilaciones, y juicios amañados para ganarlos y recibir pagos excesivos por parte de la institución.
Aunque el director del Instituto, Pedro Zenteno Santaella, sabía que se desarrollaban las pesquisas, el equipo de la secretaria trabajó bajo su propio esquema; después, ya un poco avanzado el trabajo el procurador fiscal, Félix Medina, se sumó.
Así, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) asumió una tarea más que no estaba necesariamente dentro de su jurisdicción, pero es que Rosa Icela Rodríguez es en quien confía el presidente Andrés Manuel López Obrador para las tareas más sensibles.
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Y sus resultados, junto con su lealtad, la acerca cada vez más al mandatario.
Y es que tras los ahorros calculados en más de 10 mil millones de pesos luego de “enderezar el entuerto de los reclusorios privatizados”, como refirió el mandatario en mayo pasado; Rosa Icela comenzó el “rescate” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los trabajos de inteligencia que la SSPC ha liderado en coordinación con las demás instancias enfocadas en acabar con la corrupción en el instituto han permitido conocer que la estela de irregularidades mediante contratos en el ISSSTE equivale al 35% de la “privatización silenciosa” que al menos desde 2007 se dio en el sector salud del país con empresas privadas.
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